> Berria: Abortua > LA COMUNIDAD DE MADRID BLOQUEA LOS ABORTOS DE SUS MENORES TUTELADAS

• Madrid bloquea los abortos de sus menores tuteladas
• Algunas chicas tardan más de cuatro meses en obtener una respuesta
• El País, 2008-02-22 # M.C. Belaza / P. Ortega Doiz · Madrid

El Gobierno regional de Madrid no permite a las menores que están bajo su tutela ejercer su derecho al aborto cuando están dentro de los supuestos legales para hacerlo. La Comunidad, a través del Instituto Madrileño del Menor y la Familia (IMMF), dilata los procesos de autorización meses y meses hasta provocar situaciones desesperadas en las adolescentes, angustiosas hasta para los trabajadores de los centros de menores, que han buscado ayuda y orientación fuera de la administración regional. Algunas adolescentes se han visto obligadas a acudir a los juzgados, a la Fiscalía de Menores o al Defensor del Menor para hacer valer sus derechos.

Entre tanto trámite, el tiempo pasa y lo que inicialmente era un aborto a las cuatro semanas de gestación, se puede convertir en una traumática interrupción de embarazo de más de cinco meses. Le ha pasado a una chica de 16 años que lleva cuatro meses sin obtener una autorización de la Comunidad, pese a tener los preceptivos informes psiquiátricos.

Otra menor se fugó del centro en el que vivía y su madre, aunque no tenía la tutela, la acompañó a abortar. Y otra ha tenido que pedir amparo a los jueces: en concreto, al Juzgado de Familia número 27 de Madrid. En este caso, antes de que la juez resolviera, la Comisión de Tutela del IMMF -que es la que autoriza las interrupciones de embarazos- cambió de opinión y dio el permiso. La chica está ya embarazada de cuatro meses.

La Comunidad asume la tutela de los menores cuando estos están en situación de desamparo. A partir de ese momento, el IMMF hace de padre y de madre de los chicos. Y, como los progenitores, tiene que autorizar el aborto cuando alguna de sus hijas lo pide, siempre y cuando se cumpla alguno de los supuestos de despenalización previstos en la ley: violación, malformación fetal o grave riesgo para la salud física o psíquica de la madre. Fuentes consultadas por este periódico señalan que desde que la diputada del Partido Popular en la Asamblea de Madrid Paloma Martín llegó a la gerencia de este organismo, en julio de 2007, resultan casi imposibles las autorizaciones. Martín no accedió ayer a dar explicaciones a este periódico, pese a que ella promovió un cambio en la composición de la Comisión de Tutela que puede haber influido en los problemas con los abortos y las adolescentes. "Antes estaba formada por técnicos especializados en menores que llevaban desde 1995 y ahora han puesto a cargos de confianza con carácter más político", explica Carmen García Rojas, diputada socialista en la Asamblea. La secretaria de Igualdad del PSOE, Maribel Montaño, exigió ayer el cese de la gerente a Esperanza Aguirre.

Desde la consejería de Asuntos Sociales se negaron a facilitar los datos de las menores que han abortado en el último año: "No vamos a dar esos datos porque no debemos hacerlo, son como nuestros hijos y nosotros no tenemos por qué hablar de lo que les pasa", argumentaron. En ningún caso se había solicitado dato alguno sobre los nombres o edades de las menores.

Tampoco quisieron referirse a las fugas que se han producido en los centros y negaron que hubiera dilaciones en los permisos para abortar: "A veces las niñas no acuden a los reconocimientos médicos y psiquiátricos preceptivos o cambian de opinión", dijeron para justificar los retrasos. No explican los motivos por los que muchas de estas chicas se han visto obligadas a acudir a los tribunales ante la falta de respuestas de la comunidad autónoma.

En el mes de agosto ya hubo una polémica con una adolescente tutelada en Madrid. Era una chica marroquí de 17 años embarazada de dos meses. La organización antiabortista Fundación Vida acusó a una funcionaria del Instituto Madrileño del Menor y la Familia de encargar el informe psiquiátrico a una clínica de abortos. Era, en su opinión, "tendenciosa".

La entonces secretaria de Políticas de Igualdad del PSOE, Ángeles Álvarez, aseguró que la Comunidad de Madrid estaba intentando convencer a la menor para que no abortara. La chica, finalmente, tuvo un aborto espontáneo en un hospital público.