> Erreportajea: Historia > AQUEL OTOÑO DE 1978

• Aquel otoño de 1978
• Con la aprobación de la Constitución España daba un paso fundamental en la Transición pero los aires de cambio ya habían empezado a transformar el país
• El País, 2008-12-06 # Mriam Lagoa • Madrid

España finalizaba 1978 aprobando la nueva Constitución y culminando así uno de los pasos decisivos de la transición democrática que había dado comienzo desde la muerte de Franco. Entre tanta solemnidad política y institucional, los ciudadanos españoles experimentaban con la nueva libertad adquirida en el plano social y cultural cuando tocaba a su fin la década de los 70 y se preparaban para entrar en la colorida década que se avecinaba, los 80.

El fin de la censura había impulsado la aparición de nuevas publicaciones y el mundo del cine y la música se abría tras casi cuarenta años de férreo control. Estba en pleno auge el destape y empezaban a hacerse más visibles en la calle las modas que llegan desde Europa.

En el cine, las películas musicales seguían estando de moda. Si en 1977 el protagonismo y los récords de taquilla fueron para Fiebre del sábado noche, cuya banda sonora que lideraba también la lista de los discos más vendidos, 1978 fue el año de Grease, que desató toda una fiebre revival y todavía hoy es un referente del cine de esos años. El actor en la cresta de la ola, por supuesto, era John Travolta protagonista de ambas películas.

Los comienzos de la movida comenzaban a asomar en España y en 1978 comenzó la andadura musical de tres grupos míticos de los 80. Tequila obtenía uno de sus primeros éxitos con Rock en la plaza del pueblo y se formaban Kaka de Luxe con Carlos Berlanga, Alaska o Nacho Canut, y Nacha Pop.

Los niños de aquel año estaban asomándose a la revolución que ocurrió en la televisión infantil en los años 80. En 1978 se estrenaron los Teleñecos y Orzowei y en las series para los padres comenzaron su andadura Vacaciones en el mar, Yo, Claudio o Cañas y barro. En Estados Unidos comenzaba uno de los culebrones esenciales de los 80, la cadena CBS estrenaba Dallas.

En el mundo deportivo como cualquier año de Mundial, el campeonato de fútbol celebrado en Argentina fue el gran acontecimiento deportivo de 1978. El país anfitrión ganó el primer de los dos mundiales que posee y la selección española tuvo una pobre actuación al quedar eliminada en primera ronda. España se preparaba ya tomar el relevo del próximo Mundial y una de las cuestiones candentes de 1978 era la elección de mascota, Lolo quedaba descartado pero Naranjito aún no aparecía por ningún lado.

Aparte del fútbol, en otras competiciones internacionales a España tampoco le fue demasiado bien en 1978. Eurovisión seguía, y sigue, resistiéndosele a los representantes españoles. Ese año nuestro país tuvo como representante a José Vélez que con la canción Bailemos un vals quedó en novena posición. Ganó Israel con la canción A-ba-ni-bi, representativa de una época en las que las canciones de Eurovisión todavía eran capaces de convertirse en éxitos después del concurso.

Aquel diciembre del 1978, los ciudadanos españoles se disponían a ratificar la Constituciones pero las navidades, igual que ahora, eran las grandes protagonistas del mes. Los juguetes estrellas de las cartas a los Reyes Magos eran la Nancy, los Geyper Man y los Juegos Reunidos. En televisión el gran acontecimiento del mes sería el programa de Fin de Año de TVE, la única cadena que todavía había en España.

La democracia echaba a andar y los españoles se preparaban para recibir los cambios que viviría el país tras cuarenta años de dictadura franquista.

> Iritzia: Andoni Txasko > 32 AÑOS DESPUES, ¿COMO ACABAR CON LA INJUSTICIA?

• 32 años después, ¿cómo acabar con la injusticia?
• Andoni Txasko, uno de los protagonistas de aquel triste 3 de marzo de 1976 en Gasteiz, realiza un repaso de los 32 años transcurridos. Años en los que su grito por la justicia, la verdad y el reconocimiento no ha podido ser silenciado, pero que tampoco ha sido escuchado como debiera por parte de las instituciones.
• Gara, 2008-03-03 # Andoni Txasko · Asociación de Víctimas del 3 de Marzo de Gasteiz

Son ya 32 años de recuerdo y homenaje hacia los trabajadores asesinados en Gasteiz el 3 de marzo de 1976, 32 años de denuncia por la actuación criminal de la Policía Armada española, que al amparo de un gobierno dictatorial disolvió y reprimió a tiros una pacífica asamblea de obreros en huelga que reclamaban mejoras en sus condiciones de trabajo y la implantación de plenas libertades y derechos. Y son32 años de soportar con rabia e impotencia como a pesar de las buenas intenciones expresadas, se perpetúa la injusticia y la impunidad.

Año tras año hemos luchado y clamado por conseguir justicia, verdad y reconocimiento y año tras año nos hemos topado con un Estado incapaz de admitir su responsabilidad en los hechos. Ni los partidos de derecha sucesores de aquella dictadura con responsables directamente implicados como Manuel Fraga ni los de izquierda con responsabilidades en el poder han sido capaces a lo largo de estos años de enjuiciar a los responsables tanto políticos como materiales de aquella matanza. Tampoco han sido capaces de reconocer, honrar y resarcir en todos los sentidos a aquellas personas que, en tiempos difíciles, entregaron su vida de manera desinteresada hasta perderla en la lucha por unos ideales tan justos y dignos como eran la consecución de las libertades y la democracia.

Después de numerosos agravios, desconsideraciones y discriminación sufridos por los diferentes colectivos afectados por la violencia ejercida desde el Estado, es hora de plantar cara tanto al Gobierno de Madrid, así como al Gobierno Vasco por la actitud de olvido y marginación que mantiene hacia esa parte de la sociedad, que aun padeciendo las consecuencias de actuaciones verdaderamente criminales no las contempla en sus leyes de reconocimiento y amparo.

Ha sido grande la decepción sufrida tras la aprobación de la llamada «Ley de Memoria». En ella no se anulan los juicios celebrados bajo el poder de un gobierno golpista y, por lo tanto, sin ninguna legalidad ni garantía. Tampoco permite esta ley abrir causas para esclarecer y depurar responsabilidades en aquellos casos de verdadero terrorismo y cuyos autores siguen protegidos y en la más completa impunidad, como puede ser entre otros muchos ejemplos el del 3 de marzo de Gasteiz.

Incluso en el aspecto de reconocimiento moral y material es injusta e insuficiente esta ley, pues solo se acoge en ella a las personas fallecidas o que resultaron con lesiones invalidantes como consecuencia de la lucha llevada a cabo a favor de las libertades y la democracia, dejando en el olvido y sin amparo a todos los que en esa lucha sufrieron lesiones, resultaron con secuelas, padecieron cárcel y represalias en el ámbito laboral, social, etc.

Si el desengaño ha sido tremendo con esta segunda ley de punto final aprobada por el Congreso y Gobierno español -la primera fue la de la amnistía-, qué decir del fiasco generado desde el Parlamento y el Gobierno Vasco por su incoherencia y sus incomprensibles decisiones e incumplimientos durante los últimos años.

Desde el año 2001 hay una promesa y un compromiso, incumplidos a día de hoy, por el propio lehendakari Ibarretxe y por el Parlamento Vasco. En ese año ambos se comprometieron a elaborar una ley de reconocimiento para todos aquellos que luchando por las libertades y la democracia sufrieron actos violentos e incluso perdieron la vida. Dicho compromiso se haría efectivo en el momento que el Estado español cerrara las vías a poder ser acogidos y amparados en la Ley de Solidaridad con las Victimas del Terrorismo, como así sucedió.

Otra actuación que no se entiende es la del 3 de marzo de 2006. Ese día por la mañana, el Parlamento Vasco, mediante declaración institucional, nos reconocía la condición de víctimas del terrorismo a los afectados por la actuación criminal de la Policía Armada del 3 de marzo de 1976. Pues bien, ese mismo día por la tarde el Departamento de Interior del Gobierno Vasco mandaba a la Ertzaintza a masacrar y detener a personas afectadas en aquella fecha, que participaban pacíficamente en la manifestación de recuerdo, homenaje y denuncia que, como cada año, se celebraba en el 30º aniversario de los hechos. Es significativo que tras el auto dictado por la Audiencia Nacional archivando la causa por «enaltecimiento de terrorismo» al estimar que no se cometió delito alguno, el Departamento de Interior siga manteniendo las imputaciones por atentado a la autoridad, desórdenes públicos y lesiones, a la vez que sigue abierto un expediente sancionador en base a una actuación que nunca debió producirse.

Es todavía más incomprensible la postura mantenida por el Gobierno Vasco cuando a pesar de ese reconocimiento explicito de la condición de víctimas del terrorismo, nos niega todo amparo y acogida en el seno de la Ley de Víctimas del Terrorismo que recientemente ha presentado en el Parlamente para su debate y aprobación. De igual modo ha actuado la Diputación de Araba al no atender el mandato de las Juntas Generales del año 2003 en el cual se aprobó la elaboración de una norma foral que atendiera a las víctimas del 3 de marzo en el mismo sentido que la Ley de Solidaridad, si en el plazo de un año, no se elaboraba una ley en el Estado español que les contemplara y acogiera.

Puede verse tras lo expresado, que el afecto que estamos recibiendo desde algunos ámbitos institucionales es grande, pero más grande es aún la falsedad y la hipocresía con la que se actúa a sabiendas que se toman acuerdos y decisiones para no cumplir, convirtiéndose en meros actos de cara a la galería, pues ninguna de las resoluciones y actuaciones aprobadas durante estos años han tenido un efecto práctico y tampoco se han plasmado en realidades.

Nos parece positiva la formación y puesta en marcha en el Parlamento Vasco de una comisión especial que a petición de nuestra asociación se organizó para el esclarecimiento y depuración de las posibles responsabilidades políticas derivadas de los sucesos de hace 32 años. Ya el mero hecho de invitar a políticos como Manuel Fraga para dar su testimonio nos parece un logro importante, a pesar de la postura del ex ministro franquista de no acudir a prestar testimonio. Con su actitud cobarde y miserable, derivando responsabilidades sobre personas que hoy en día no se pueden defender cuando hasta el momento se había jactado de su buen proceder en Vitoria, incluso justificando la acción como no excesiva, Fraga por sí solo se está retratando ante la sociedad. Esperamos no sufrir una nueva decepción y ver al final del trabajo desarrollado por la comisión, que la resolución dictada recoge fielmente lo acontecido entonces y marca políticamente a los responsables de aquella matanza con nombres y apellidos.

Al igual que otros muchos que han padecido o padecen la violencia represiva del Estado, estamos siendo doblemente víctimas. A la condición como tal de esa calificación, hay que añadir la atroz discriminación, olvido e incluso desprecio que nos dedican desde las altas esferas institucionales y puestos de poder. ¿Por qué esta sistemática discriminación? ¿Por qué ese doble rasero en el tratamiento y reconocimiento? ¿Por qué esa negativa a la justicia y a la verdad? ¿Cuándo nos han acompañado y cuándo han compartido las autoridades nuestras justas reivindicaciones? ¿Qué es preciso hacer para ser tenidos en cuenta?

No sé cómo ni cuando se acabará con esta injusticia, pero vamos a seguir luchando, por más que algunos nos lo quieran impedir, con tesón y dignidad por nuestros objetivos. La justicia, la verdad y el reconocimiento no son dones que se conceden, son derechos que vamos a lograr.

> Berria: Oroitzapena > VICTIMAS DEL 3 DE MARZO SIGUEN REIVINDICANDO VERDAD, JUSTICIA Y RECONOCIMIENTO

• Víctimas del 3 de Marzo: "32 años después seguimos reivindicando verdad, justicia y reconocimiento"
• Las víctimas del 3 de marzo han llevado infinidad de iniciativas en los últimos 32 años con el fin de conseguir que se esclarecieran los hechos ocurridos en 1976 en Gasteiz, pero han lamentado que tres décadas después "seguimos reivindicando verdad, justicia y reconocimiento".
• Gara, 2008-02-28

Andoni Txasko ha hecho un repaso de las iniciativas que se han dado en los últimos meses en torno a las víctimas de la violencia, y la forma en que éstas les han influido a ellos.

Ha reconocido que tenían esperanza de ser acogidos en la Ley de la Memorio Histórica, pero creen que "va a ser imposible que con esta ley de impunidad se reabran casos como el nuestro".

No obstante, tampoco han sido considerados por el Gobierno de Lakua que no les reconoce dentro de la calificación de "víctimas del terrorismo".

En las Juntas Generales de Araba se asumió un compromiso para elaborar una norma foral que recogiera este tema, pero "han pasado prácticamente cinco años y ese compromiso está incumplido. Txasko ha lamentado que "32 años después seguimos reivindicando verdad, justicia y reconocimiento".

Ahora, los miembros de esta asociación tienen depositada su esperanza en que la Comisión Especial debata a instanciaas de ellos en el Parlamento de Gasteiz se lleguen a esclarecer los hechos y a marcar las responsabilidades políticas.

Exigen que se paralicen las actuaciones
Las víctimas del 3 de marzo presentaron el pasado martes un escrito ante el Departamento de Interior de Lakua pidiendo que se paralicen las actuaciones emprendidas tras la actuación de la Ertzaintza contra la manifestación celebrada en 2006, donde decenas de personas resultaron heridas y arrestadas.

Tras estos hechos se abrieron tres actuaciones. La primera, ante la Audiencia Nacional española por considerar que al portar las fotografías de presos políticos vascos fallecidos en prisión habían incurrido en "apología del terrorismo"; otra, por desórdenes públicos, cuyo juicio está pendiente, y un expediente administrativo que está en manos del propio Departamento de Interior y que puede acarrera una importante sanción económica.

Ahora emprenderán una campaña de información y recogida de adhesiones de todo tipo de organismos e instituciones, para que apoyen esta demanda ante Lakua.

> Artikulua: Antonio Gutiérrez Dorado > LA VOZ DE LA MEMORIA

• La voz de la memoria
• Asociación Ex-Presos Sociales, 2008-01-14 # Antonio Gutiérrez Dorado · Vicepresidente de la Asociación Ex-Presos Sociales
• Este texto está extraído del libro “Una discriminación universal”, editado por el profesor Javier Ugarte, que se publicará en breve plazo

La represión legal de los homosexuales durante la dictadura de Franco ha suscitado un gran interés entre los especialistas del derecho, la historia y, sobre todo, en la opinión publica, al desvelarse para ella uno de los misterios de la represión del franquismo. Esto ha sido posible gracias a los testimonios que las propias víctimas han relatado en estos últimos siete años y que ha dado origen a la «Asociación Ex-Presos Sociales». Lo que a continuación vamos a relatar no es un análisis de la represión homosexual sino la voz de las víctimas, la memoria de los mariquitas. En los años 40, los homosexuales sufrían una persecución implacable en Europa y América y aquí, en España, no tardaría en manifestarse. El caso más sonado fue el del célebre artista y cantante Miguel de Molina, que sufrió una brutal paliza a manos de unos falangistas; fue clasificado como pervertido y peligroso, así que temiendo por su integridad decidió exiliarse. Ésta fue quizá la señal que encendió la alarma en la comunidad homosexual, cuya visibilidad se reducía al mundo de la cultura, el teatro, el cabaret y núcleos marginados en las grandes ciudades del país; el resto constituía un gran sepulcro de hipocresía y armario. En Andalucía, muchos gays buscaron refugio en Gibraltar o saltaron a las ciudades africanas de Orán y Tánger. Estas urbes también recibieron una oleada del levante valenciano-catalán; la base de la pirámide de la comunidad gay pronto comprobó la crueldad y rigores que el destino les tenía preparados en la nueva España que apenas amanecía. En Algeciras, varios homosexuales fueron sometidos a escarnio publico en un acto que se repetiría a lo largo de la península y causó terror entre ellos: primero se detenía a los homosexuales que fueran adornados con prendas femeninas o maquillados; en las dependencias policiales se les rapaba y despojaba de sus ropas para ceñirles un mono; luego de hacerles beber aceite de ricino, se les subía a un carro y se les paseaba por el centro de la ciudad hasta que eran conducidos a la prisión, en la que ingresaban por orden gubernativa un periodo de un mes. En 1954, cuando el régimen se sabe protegido por las potencias vencedoras de la II Guerra Mundial, y a un paso del reconocimiento político del Vaticano y los Estados Unidos, se modifica la Ley de Vagos y Maleantes de 1933 para penalizar a los homosexuales. Esta década de los 50, de autarquía y hambre, se ceba en la población, ya que se carece de casi todo. Se desatan epidemias de sarna, piojos, tifus, polio, pero, por fin, el ingreso de España en las Naciones Unidas constituye un motivo de esperanza para el pueblo, que empieza un largo peregrinaje de emigración a Europa y América. Son muchos los homosexuales que aprovechan esta oportunidad para huir e instalarse en Francia, Bélgica, Suiza, Inglaterra y América. Los que desgraciadamente se quedaron aquí se concentraron en Madrid y Barcelona. Pero esta España de rosario y novenas, que celebró por todo lo alto el Congreso Eucarístico que tuvo lugar en Barcelona, había inoculado el odio a los homosexuales, a los que se les consideraba unos pervertidos sodomitas que ponían en peligro los valores de la patria y de la familia. Por lo tanto, una vez penalizada la homosexualidad se consideraron medidas de internamiento, tanto en prisiones como en centros de trabajos forzados; ejemplo de ello fue la colonia agrícola penitenciaria de Tefía, en Fuerteventura. Las medidas de seguridad contempladas en la reformada ley eran las siguientes: reclusión durante un período que oscilaba entre un mes y tres años; destierro de un determinado lugar o territorio durante dos años y obligación de declarar durante ese tiempo su domicilio. Inclusión en el registro especial de supuestos peligrosos de la dirección general de la policía. La mayoría de los homosexuales eran detenidos en lugares públicos como cines, parques y urinarios, porque éstos eran los únicos sitios donde podían establecer contacto; también se les detenía a consecuencia de la denuncia interpuesta por algún vecino. Este clima de inseguridad dio lugar a la figura del chantajista, un azote que sufrió buena parte de los homosexuales. Los homosexuales crearon mecanismos de protección: casi nunca se iba solo a los sitios de encuentro y todos adoptan apodos para preservar su identidad de posibles delaciones. En las prisiones se habilitan módulos para los invertidos, siendo famosos el palomar en Carabanchel, la segunda galería en la Modelo de Barcelona y los pabellones de Málaga y Valencia. El régimen penitenciario que se aplica de momento no implica aislamiento con respecto al resto de los presos, aunque su funcionamiento disciplinario era militar. La enfermería, la cocina y la asistencia moral estaban gobernadas por las Hijas de la Caridad. Las condiciones de salubridad y comidas eran penosas. En las prisiones, que en esos años estaban saturadas de presos políticos, el ingreso de los invertidos despertaba una mezcla de sentimientos que iban desde la desconfianza y el rechazo al sometimiento como esclavo sexual. Muchos homosexuales, al encontrarse lejos de sus lugares de origen, una vez que ingresaban en prisión carecían de ayuda exterior. Por esa razón, fueron víctimas de vejaciones, chantajes, violaciones, palizas, castigos, etc. Podemos afirmar que la posición del homosexual en el mundo carcelario equivalía, para unos, a basura, mientras que para otros era mercancía; así lo hemos experimentado quienes desgraciadamente que vivirlo, arrojados junto a malhechores y criminales. A mediados de los 60, un tufillo liberal otea sobre el régimen franquista a causa del turismo y las remesas de dinero provenientes de la emigración, lo que empieza a hacer mella sobre el armazón ideológico y moral de la España fascista y nacional católica. Para los homosexuales, que estábamos señalados en el centro de la diana represora, se abren ilusorios espacios emblemáticos de tolerancia: Torremolinos, Sitges, Barcelona y los dos archipiélagos. El turismo, ciertamente, fue un balón de oxígeno para la comunidad gay de aquellos momentos porque muchos gays europeos empezaron a frecuentar los lugares turísticos y a instalarse en ellos abriendo negocios. Dieron lugar a lo que conocemos como «lugares de ambiente», introdujeron el incipiente movimiento gay de liberación e informaban de las distintas despenalizaciones que empiezan a producirse en Europa, así como sobre la importancia que el movimiento gay adquiere en Norteamérica, así como su carga ideológica. Sin embargo, los integristas guardianes del régimen no tardan en reaccionar, endureciendo de modo selectivo la represión; es decir, concentrándose en los efectos perniciosos que para las buenas costumbres, la tradición y la moral producían las zonas turísticas. Para ello potenciaron la denominada «brigadilla social» de la policía y se organizaban redadas, por orden gubernativa, que arrasaban las zonas de ocio. Estos nuevos métodos policiales causaron mucho daño en la comunidad gay y fueron la causa de una gran cantidad de detenciones y encarcelamientos bajo el amparo de la Ley de Vagos y Maleantes. En junio de 1970, la Ley de Vagos y Maleantes es sustituida por la Ley de Peligrosidad y Rehabilitación Social. La comisión de justicia que discutió la ley en junio incluyó a los homosexuales, con la pretensión de regenerarlos o curarlos; esto generó un agrio debate en las Cortes franquistas, que dio lugar a un conato de oposición e incluso a cartas de protesta de un activista gay catalán desconocido en aquellos momentos, pero que luego se revelaría como alma del frente de liberación gay catalán y español, Armand de Fluvià. La disputa giraba entre las corrientes de pensamiento psiquiátrico que planteaban una causa psíquica o de la personalidad frente a las conductas hasta ese momento consideradas inmorales o contra natura; esta irracional posición fue la que finalmente logró imponerse por lo que, a tenor de esta ley, a los homosexuales se les consideraba esencialmente enfermos; a la represión de la homosexualidad como delito le sucedió la de una represión médica. Para ello se habilitaron las prisiones de Huelva y Badajoz como centros de tratamientos para invertidos, que a la postre se convirtieron en verdaderos infiernos para quienes los habitaron. Fueron auténticos centros de experimentación y destrucción. Resultaron más tremendas que la estancia en las grandes prisiones como presos preventivos en espera de una sentencia y clasificación médico-psiquiátrica que te despachara para uno u otro de estos centros. Pero lo más amenazante de esta ley es que trasladaba la decisión de la represión directamente al ámbito familiar desde el momento en que el juez podía considerar oportuno que el homosexual se sometiera a tratamiento en vez de ser enviado a prisión, en caso de mediar una petición familiar. Este tratamiento se basaba en sesiones de terapias, fundamentalmente de dos tipos, las eméticas y las eléctricas, sin excluir la más radical, la lobotomía: una intervención quirúrgica para modificar el cerebro. Esta última técnica se practicó en clínicas privadas y en la cárcel de Carabanchel. Esta Ley fue una de las cartas de presentación de Carrero Blanco, entronizado a presidente de gobierno de una dictadura que olía a cadáver; la represión fue brutal en términos globales por lo que las zonas turísticas, que habían sido severamente rastreadas, pero no anuladas, no pudieron resistir los varios estados de excepción que tuvimos que sufrir los españoles por generosidad del delfín del Generalísimo. Fuimos, la generación de los 70, los jóvenes homosexuales del momento, quienes tuvimos que pagar el precio terrible del odio. En mi caso me abrió expediente el juez ponente de la ley, Antonio Savater, justo al año de su publicación en el BOE. En 1971 se producen, de manera coordinada, redadas en los sitios de ambiente de las grandes capitales del país y se pone en marcha un plan de limpiar España de invertidos o «maricones», y lo mejor de todo es que no se llevan a cabo como represión sino para curarlos. En las cárceles de Madrid, Barcelona, Valencia, Málaga y Bilbao se van concentrando las víctimas de las redadas policiales. Comienza a funcionar una especie de plan regenerador, ideado por el cuerpo técnico de instituciones penitenciarias. Un nutrido grupo de psicólogos-criminalistas empiezan la tarea de clasificación para, una vez sentenciados, ingresar en las reconvertidas prisiones de Huelva y Badajoz en jaulas para invertidos pasivos, activos y congénitos, según la tabla de medir la homosexualidad - y su peligrosidad social— de este régimen fascista de comunión religiosa diaria. Régimen que, curiosamente, hacía causa común, en este tema, con el otro lado del muro de Berlín. Desde el momento de nuestra detención, una serie de secuencias y emociones, en muchos casos indescriptibles, nos perturban y paralizan. Normalmente, cuando nos detenían los policías nos dispensaban un trato vejatorio físico y psíquico, con notoriedad pública, para avergonzarnos y ellos recibir la aprobación de los testigos. Luego, a empujones, nos introducían en los ZETA, los coches patrulla que usaban los «grises» (así llamados por el color de su uniforme) y nos conducían hasta la jefatura superior de la policía; una vez en los calabozos se nos agrupaba en una celda mientras los policías de guardia, entre risas y bromas, trataban de ganarse nuestra confianza dándonos algunos privilegios como limpiar las letrinas, repartir el rancho y hacer la guardia de noche con ellos. La estancia en las dependencias policiales, en nuestro caso, duraba dos o tres días; para los detenidos políticos podía alargarse según las necesidades —hemos sido testigos, y en algunos casos víctimas, de torturas violaciones y humillaciones sin numero—. En las lecheras (así llamadas por ser furgonetas, en lugar de automóviles) nos trasladaban al Juzgado; a veces, por la saturación de detenidos, permanecíamos un día en sus infestos y terribles calabozos hasta que te llamaban a una especie de vistilla de sala en la que el secretario del Juzgado de Peligrosidad Social, el fiscal y la denuncia de la policía, junto a tu declaración, decidían tu destino a la cárcel en espera de juicio. Con 17 o 18 años no se es muy consciente de la secuencia que en ese momento se está viviendo; bajas de nuevo al calabozo sin saber qué va a ser de ti, pero un aguijón está a punto de herir mortalmente tu juventud. Las horas se hacen interminables esperando la decisión de la sala; el silencio espeso de los calabozos se ve interrumpido por las voces de los funcionarios, acompañados de guardias civiles. Tras golpes de cerrojos abren la puerta de la galería y varios guardias civiles toman posición, mientras un funcionario lee los nombres de los que van a prisión; metódicamente se procede a abrir las celdas y, de uno en uno, vamos saliendo mientras un guardia civil nos esposa hasta formar una cadena humana que es introducida en un furgón celular, que nos lleva hasta la cárcel. Cuando bajas del furgón y se abre el rastrillo de la prisión, el oficial de la conducción entrega al jefe de servicio de guardia las órdenes de ingreso. Entonces te nombran, te quitan las esposas, se cierra el rastrillo y el mundo se hunde a tus pies. A continuación, una vez concluidas las formalidades del ingreso te conducen a una especie de sala donde te despojas de todas tus ropas y pertenencias, te tallan, pesan, toman huellas dactilares y hacen unas fotografías. Una vez terminado este examen, los funcionarios de la cárcel te llevan a una galería que llaman de ingreso y donde conoces lo que va a ser tu hogar en adelante. Durante cinco días permaneces sin salir de la celda para nada y a cada toque de recuento tienes que estar firme a la puerta. Cualquier negligencia se arregla a golpes y patadas; los demás toques que regulan la vida de la prisión van penetrando poco a poco en tu cabeza. Los enseres que te entregan se reducen a una colchoneta rellena de soga prensada, una manta tiesa y maloliente que no abriga pero pesa como un muerto, plato y cuchara de aluminio y un vaso de plástico. Las celdas son habitáculos de 4 x 6 metros para tres, a veces cuatro personas, en las que un lavabo, un urinario y camas literas constituían el único mobiliario. Estaba absolutamente prohibido tener objetos personales que no fueran los necesarios para la higiene, tabaco o comida, comprada en el economato de la prisión. Si recibías un paquete del exterior te lo registraban; muchas cosas las confiscaban y otras desaparecían. Ninguna foto o póster, algo que rompiera la frialdad de aquella especie de nicho, podías permitirte, por temor a los castigos y paliza que eso podía producir. Los cacheos eran continuos, dependiendo del funcionario, y podían producirse en cualquier momento del día. La Modelo de Barcelona fue la prisión que más homosexuales registró en situación de preventivos. Esta prisión, en la década de los 70, habilitó un módulo especial para invertidos que estaba situado en la parte de entrada a la prisión; se trataba de un pabellón con dos secciones independientes y un patio interior, aislado del núcleo del edificio. La sección que ocupábamos nosotros tenía su entrada por el patio, mientras la otra la ocupaban presos militares. Este patio se convirtió en la sala de espera antes de trasladarnos a Huelva o Badajoz. En él transcurrían los días con las charlas y las sentencias morales de nuestros guardianes, la más laxa de las cuales era: «yo no os gasearía sino que os mandaría a una isla y allí os extermináis entre vosotros». En esta sección se ubicó la lavandería y la colchonería de la Modelo, junto a unos talleres del PPO, obra social de la Organización Sindical Española (el sindicato vertical) que organizaba cursos de capacitación profesional. Nosotros no trabajábamos porque éramos presos preventivos, así que al margen del trabajo en la lavandería y colchonería, que no ocupaba a más de seis personas, estábamos chapados en las celdas o en el patio, una vez que los presos salían de los talleres. Allí, solos y aislados del resto, éramos cobayas con las que experimentaban su metáfora de la isla. Y ciertamente se dieron muchas tensiones y peleas entre nosotros debido a este régimen de aislamiento; esto también dio lugar a que las redes clandestinas de los presos, es decir, el gobierno real de la prisión, fijaran sus ojos en nosotros, facilitando la única salida que teníamos para no volvernos locos: vender nuestros favores sexuales, dejarnos violar o que algún capo, al que deberíamos obediencia, nos adoptara. Todo esto con el peligro que suponía para nuestra seguridad y las penalizaciones a las que podíamos ser sometidos si nos descubrían. Si eso ocurría, aparte de las humillaciones y palizas que recibíamos de nuestros guardianes, se nos abría expediente disciplinario y la mayoría de las veces la sanción consistía en el internamiento en una celda de castigo. Ingresar en celda de castigo es de las experiencias más traumáticas que se pueden sufrir en la cárcel. En la Modelo de Barcelona estaba situada en la última planta de la quinta galería, donde estaban los presos por delitos de sangre y fuego. Este inhumano castigo consiste en estar todo el día encerrado en una celda desprovista de cama y lavabo y que sólo tiene una taza de water. La comida consiste en un trozo de carne de membrillo y un jarro de agua que se distribuye a la hora del toque de silencio; a la vez, te daban el colchón y una manta mientras, al toque de diana, te los retiraban. Esto sucedía cada uno de los diez o veinte días que te podían caer. No podemos dejar sin señalar en este relato la silenciada situación que vivieron los homosexuales ingresados en sanatorios psiquiátricos. La mayoría de los casos se dieron por vía judicial, a petición de la familia, pero en otros se produjo de forma voluntaria, debido a la presión social y a la influencia que como consejeros tenían los curas y religiosos. Curiosamente, la mayoría de los ingresos se efectuaron en clínicas gobernadas por religiosos, aunque también hay casos de ingreso en psiquiátricos penitenciarios; por esta vía también se puede rastrear la represión de las lesbianas. No tenemos palabras para describir los sufrimientos y anulación que sufrieron los homosexuales de ambos sexos. Los pocos testimonios que se han dado a conocer sólo son una muestra de una realidad muy extendida por desarrollarse de la mano de la familia, por lo que habrá que esperar un tiempo para que este aspecto de la represión pueda ser estudiada, aunque eso no nos impide señalar que determinadas corrientes psiquiátricas pueden convertir la Psiquiatría en una herramienta terrible de poder inquisidor. Esta situación perduró hasta 1980, año en el que la judicatura deja de aplicar a los homosexuales la Ley de Peligrosidad y Rehabilitación Social atendiendo a la nueva realidad constitucional. También influyó la proposición no de ley presentada por el PCE y el PSOE, en 1979, para que dejara de aplicarse esta ley a los homosexuales, que hasta ese momento no se habían beneficiados de ninguna de las medidas de gracia, libertades y derechos que empezaban a disfrutar los españoles. Ciertamente, en la transición apareció con fuerza la cuestión homosexual dando lugar a una proliferación de siglas gays, unas de orientación cristianas y otras muy extremadas, que fueron la matriz del cambio que, en la sociedad, se ha producido con respecto a la homosexualidad. En aquellos años los activistas gay tuvieron que empezar militando en los partidos y sindicatos que emergían; desde esas estructuras comenzaron una labor de denuncia y reivindicación. El resultado de esa tarea fue la campaña por la abolición de la Ley de Peligrosidad y Rehabilitación Social y la amnistía para los presos homosexuales. Estos hechos dieron lugar a las primeras manifestaciones por los derechos de los gays y lesbianas y al nacimiento oficial del movimiento homosexual de los pueblos y naciones de la Península Ibérica. Desgraciadamente, para quienes padecieron persecución y fueron enviados a la cárcel supuso poco que se dejara de penalizar la homosexualidad pues, como la ley siguió vigente hasta 1995, y al no haber sido beneficiados por la amnistía, las fichas policiales y los expedientes judiciales estuvieron activos tanto en los registros de la Dirección General de la Seguridad como en los juzgados de vigilancia penitenciaria hasta el año 2000; todavía constituye un tema a zanjar. El hecho es que, a partir de los 80, la sociedad española entró en un proceso de cambio que se tradujo en una laxitud moral con respecto a las tradiciones y costumbres y la tolerancia hacia la homosexualidad y la igualdad de la mujer. Esto no justifica la represión de personas que en democracia estaban legalmente marcadas por su pasado y cuyas historias, y difícil destino posterior, no habían interesado a nadie.