> Komunikatuak: Acera del Frente > CONTRA LA CRIMINALIZACION DE LAS IDEAS Y EL DESMANTELAMIENTO DE LOS DERECHOS

• Contra la criminalización de las ideas y el desmantelamiento de los derechos
• No a la sentencia del macroproceso 18/98
• Acera del Frente, 2008-02-23

Las personas y organizaciones abajo firmantes, miembros de la sociedad civil y los movimientos sociales madrileños, manifestamos nuestro profundo rechazo a la sentencia de la Audiencia Nacional del pasado 19 de diciembre de 2007 relativa al macroproceso 18/98 contra sectores de la izquierda independentista vasca, que disuelve e ilegaliza varias empresas mercantiles, los medios de comunicación Egin y Egin Irratia y las organizaciones políticas Ekin y Xaki, condena a quienes vincula con estos organismos y a personalidades de la Fundación Josemi Zumalabe, entre ellos al periodista Sabino Ormazábal, como colaboradores, integrantes o dirigentes de ETA Dicha sentencia afianza la tesis del juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón de que “todo es ETA” y condena a 46 personas a penas que suman más de 500 años de prisión por terrorismo.

Creemos que redunda en un peligroso precedente jurídico, ya que condena sin acusaciones ni pruebas concretas a personas y organizaciones por sus ideas o su actividad política, cultural, informativa y social. Una decisión judicial que se enmarca en la cultura de excepción de la guerra global contra el terrorismo decretada por Estados Unidos y que socava los derechos, libertades y garantías propias de cualquier Estado de Derecho. Sentencias como ésta amenazan y agreden al conjunto de la ciudadanía y abren la puerta al establecimiento de nuevos guantánamos jurídicos en nombre de la lucha contra el terrorismo. Es nuestro deber como ciudadanas y ciudadanos conscientes denunciar estos abusos. Por tanto,

MANIFESTAMOS

- Nuestro apoyo a las manifestaciones realizadas por entidades como la Asociación de Juristas Europeos, la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos del Colegio de Abogados de Barcelona, la Asociación Catalana en Defensa de los Derechos Humanos y diversos observadores internacionales presentes en el juicio, que llegaron a afirmar que esperaban “presenciar un juicio sin pruebas” y asistieron a “un juicio sin delito”. Todos han denunciado numerosas irregularidades cometidas en todo el proceso: la Audiencia Nacional vulneró el derecho a la defensa y la tutela judicial efectiva de los y las imputadas al presentar a las defensas las 200.000 páginas de pruebas a menos de una semana del juicio, impidiéndoles ejercer una defensa en condiciones; aceptó como peritajes los informes policiales sobre interrogatorios y registros, elevando al rango de peritos a agentes policiales que participaron en la investigación (hasta el punto de que uno de ellos había sido denunciado por torturas a dos imputados) y consideró válidas como pruebas grabaciones telefónicas efectuadas sin autorización judicial o sin motivación suficiente, actuaciones todas ellas impropias de un juicio imparcial y con garantías. Así, se vulneran los principios de legalidad, igualdad ante la ley e integridad física, así como el derecho a la presunción de inocencia, la defensa y la tutela judicial efectiva.

- Nuestra profunda preocupación por el beneplácito que esta sentencia supone para la tesis de Garzón de “todo es ETA”. Tesis confirmada también por la reciente resolución del Tribunal Supremo sobre el caso Jarrai-Haika-Segi, y que contradice al propio Tribunal Constitucional, que en 1995 afirmó que la solidaridad, apoyo o complacencia con determinadas actividades delictivas no puede equipararse con la comisión de estos delitos. Al incluir a organizaciones políticas como Ekin y la Asociación Europea Xaki en la acción de ETA se está castigando a las personas imputadas no por sus acciones, sino por sus ideas, actuación impropia de un Estado de Derecho. Así, se comete una peligrosa vulneración al derecho de libertad ideológica, expresión, asociación y reunión. Si además tenemos en cuenta que el macroproceso 18/98 forma parte de una decena de sumarios contra el entramado político y social vasco que alcanza a incriminar hasta a la Asamblea de Municipios Vascos (Uldalbiltza), debemos preguntarnos hasta dónde va a llegar el recorte de libertades y derechos de la ciudadanía vasca, y por ende de la de todo el Estado, cuando en nombre de la lucha contra el terrorismo se está negando la representación política de determinados proyectos sociales y políticos. En palabras de August Gil Matamala, de la Comisión Catalana pro derechos Humanos, “están inventando el terrorismo desarmado, y si siguen así, algún día llegaremos hasta el terrorismo pacífico.”

- Nuestro rechazo al cierre de los periódicos Egin y Euskaldunon Egunkaria y la radio Egin Irratia como medidas cautelares de la investigación, cuyas diligencias llevaron incluso a la quiebra de la revista de investigación Ardi Beltza ante la amenaza de cierre. En noviembre de 2007 juristas internacionales denunciaron que el cierre fue una medida desproporcionada que atenta contra la Constitución Española y el Convenio Europeo de Derechos Humanos. Al margen del acuerdo o desacuerdo con las opiniones o la línea editorial de cualquier medio de comunicación, sea cual sea su ideología, debe respetarse el derecho a la libertad de expresión y comunicación. Con el cierre de estos medios de comunicación se conculcó el derecho a la libertad de expresión y comunicación por parte de dichos medios, así como el derecho a recibir información veraz y contrastada de sus lectores y lectoras.

- Nuestro estupor ante la utilización política de la justicia, el estamento jurídico y las leyes, reflejado en actuaciones que lesionan cada vez más la credibilidad y legitimidad de un supuesto sistema democrático. Este juicio es un claro ejemplo de ello, y queda evidenciado de forma esperpéntica cuando se acusa a una organización como la Fundación Josemi Zumalabe de seguir las directrices de ETA por promover la desobediencia civil, actividad política mundialmente reconocida y por definición no violenta.

- Nuestro compromiso con la defensa de las libertades y los derechos humanos y con la búsqueda de un fin dialogado y consensuado del conflicto, para lo que resulta indispensable y necesario el cese de toda violencia por parte de ETA, y el cese de toda violencia ejercida por el Estado. Nuestra creencia en la idoneidad de resolver los conflictos de forma dialogada y justa nos lleva a rechazar sentencias como la citada porque son expresión de la deriva actual de recorte de derechos, criminalización y represión del tejido político y asociativo vasco en nombre de la lucha contra el terrorismo y contribuyen a aumentar la espiral de violencia que supuestamente desean erradicar. Teniendo en cuenta que este macroproceso de enormes costes económicos, afectivos y de salud para un amplio sector de la sociedad civil vasca organizada se ha desarrollado en buena parte durante el frustrado proceso de paz, nos preguntamos hasta dónde puede llegar esta espiral cuando el terrorismo es utilizado como principal herramienta de propaganda política hacia la opinión pública y como ariete electoral entre los principales partidos políticos y, además, se rechaza cualquier diálogo futuro.Por todo lo expuesto, demandamos la anulación de este juicio ilegal y el restablecimiento de puentes para el diálogo a fin de solucionar un conflicto que demasiadas vidas y sufrimiento ha costado ya y que afecta a los movimientos sociales y la sociedad civil organizada de todo el Estado.