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• La Ley de Identidad de Género cumple su primer año en vigor
• Las asociaciones de transexuales hacen una valoración positiva, pero plantean algunas reivindicaciones
• AmecoPress, 2008-04-04 # Ana Requena Aguilar

La Ley de Identidad de Género fue ratificada por el Congreso de los Diputados el 1 de marzo de 2007, tras años de lucha del movimiento asociativo transexual. Desde entonces, las personas transexuales pueden cambiar la referencia a su nombre y sexo en el DNI sin necesidad de someterse a una operación genital y mediante un proceso más ágil. Un año después la valoración de las asociaciones es positiva, pero señalan algunas críticas y plantean reivindicaciones que la Ley no abordó.

Las asociaciones de transexuales valoran este primer año de la Ley de forma muy positiva: “Ha permitido a muchas personas transexuales rectificar su nombre y sexo sin necesidad de cirugía”, dice la presidenta de Transexualia, Rebeca Rullán. El presidente de COGAM, Miguel Ángel González, también afirma que poder cambiar de nombre y de sexo en el DNI sin necesidad de hacer la operación de reasignación de sexo “es muy positivo”. “Esta ley ha sido fruto del trabajo de años del movimiento asociativo transexual”, recuerda Juana Ramos, activista del colectivo Acera del Frente.

Antes de la Ley de Identidad, las personas transexuales tenían que recurrir a un proceso judicial y el requisito fundamental que exigían muchos jueces para conceder la rectificación de nombre y sexo en el registro civil era que la persona se hubiera sometido a cirugía de reasignación de sexo. Con la nueva ley, sólo es necesario un expediente gubernativo en el registro civil y no se exige cirugía alguna, lo que ha facilitado el proceso.

“Lo que ha mejorado es que hay más seguridad jurídica para las personas transexuales, y que se ha facilitado y agilizado el proceso. Se ha reconocido que la identidad de género va más allá del momento en que se culmina el proceso de reasignación de sexo (cirugía genital)”, asegura Rullán. Actualmente, los requisitos necesarios son presentar un certificado de disforia de género por parte de un psicólogo clínico o médico y acreditar que la persona transexual sigue algún tipo de tratamiento desde hace al menos dos años.

Precisamente, algunas organizaciones critican estos requisitos, porque consideran que patologizan a las personas transexuales: “La Ley plasma sobre el papel que nuestra condición es un trastorno, no un derecho, en concreto con el diagnóstico de disforia de género, es decir, que tenemos que decir que somos disfóricos de género para poder acceder a derechos que nos deberían corresponder sin necesidad de tener que aceptar que tenemos un trastorno o enfermedad”, señala Ramos.

La presidenta de Transexualia considera más controvertido el mínimo de dos años de tratamiento que las personas transexuales tiene que acreditar, porque cada caso es diferente “y hay personas transexuales que al año pueden haber realizado ya gran parte de su proceso”. “Quizá ese requisito no debería ser tan rígido”, apunta. Rullán también señala que el problema puede estar en la perspectiva con la que se constituyen las unidades de identidad de género en la sanidad pública, “que tienen un criterio demasiado inclinado hacia la medicalización del proceso, sin tener en cuenta toda la diversidad transexual”.

Otro vacío de la Ley es la falta de atención a inmigrantes transexuales con permiso de residencia, a los que se impide cambiar de nombre y sexo en el registro civil: “Son muchas las personas transexuales migrantes que huyen de sus países por cuestiones de acoso o amenazas de muerte por su condición de transexual, y cuando están aquí insertadas, la ley no les permite que puedan cambiar su nombre”, dice Miguel Ángel González. Por eso, el presidente de COGAM asevera que esta es una de las cuestiones “que habrá que hablar con los partidos políticos esta legislatura”.

Reivindicaciones
Además de estas críticas a la Ley de Identidad que las asociaciones consideran necesario abordar en los próximos años, hay otras reivindicaciones que afectan al colectivo transexual.

“Queremos que se cubra la atención sanitaria de la transexualidad en la sanidad pública”, reclama la presidenta de Transexualia, aunque esta es la petición formulada con más frecuencia por las asociaciones de transexuales. El ministerio de Sanidad ha propuesto la creación de centros de referencia estatales para las personas transexuales, pero el colectivo pide que se garanticen los servicios de proximidad.

“Consideramos que debe haber por lo menos una unidad por cada comunidad autónoma donde se atiendan las primeras fases del proceso de reasignación de sexo”, señala. Por su parte, la activista de la Acera del Frente cree que la propuesta de los centros de referencia estatales “puede suponer un problema porque que las personas tendrán que desplazarse a otras comunidades y hay algunas personas transexuales que viven en condiciones precarias o asiladas”.

Otra de las reivindicaciones es erradicar la discriminación social y laboral hacia las personas transexuales: “A pesar de que tenemos una normativa que prohíbe toda discriminación por razón de sexo se siguen produciendo casos de discriminación laboral y social evidentes. Es necesario que se incluya este tema en la educación”, afirma Rullán.

“Hay que erradicar la transfobia, los prejuicios, la discriminación, el odio hacia las personas transexuales que genera agresiones, violencia y muchas personas con miedo y dificultades para trabajar”, dice Juana Ramos, que propone, por ejemplo, que se incluya como agravante en el Código Penal las agresiones que se produzcan por transfobia.