2008/11/10

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  • Cosas de la Reina
  • Información, 2008-11-10 # José Asensi Sabater · Catedrático de Derecho Constitucional de la UA

Me requieren de un medio radiofónico acerca de las presuntas declaraciones de la Reina a las que ha puesto letra doña Pilar Urbano, periodista y escritora conocida de todos, en un libro que acaba de salir a la calle.


Mientras aguardo al teléfono el comienzo de la entrevista, escucho un comunicado procedente de la Zarzuela, que viene a decir que el libro de Pilar Urbano no refleja fielmente las opiniones de la Reina y que es lamentable que el equívoco haya podido herir la sensibilidad de determinados colectivos. El comunicado, que tiene marchamo "oficial", evidencia una discrepancia de fondo entre la Casa Real y Pilar Urbano, o quizás entre la Reina y Urbano, discrepancia que está lejos de haberse aclarado.


En cualquier caso, lo que me solicita el entrevistador es que comente, partiendo de la hipótesis de que lo escrito en el libro de Pilar Urbano fuera fiel testimonio de lo dicho por la Reina, qué es lo que prevé la Constitución al respecto y si, por otra parte, es esta la forma normal de conducirse los miembros de familias reales de otras monarquías europeas.


La Constitución Española, le comento, es parca en lo que se refiere al papel del o de la consorte del Rey. Se limita a afirmar que la consorte del Rey "no podrá ejercer funciones constitucionales, salvo lo dispuesto para la Regencia". No obstante ello, juristas estudiosos de esta parte de la Constitución opinan que si bien el texto constitucional no hace una referencia expresa a la "Familia Real", se deduce del contexto que ésta existe. Esto quiere decir que tanto el consorte, el "Príncipe Heredero", señaladamente, los demás hijos de los Reyes y otros allegados por matrimonio, si bien no pueden ejercer "funciones constitucionales", gozan, por su vinculación al Rey, que es "símbolo de la unidad y permanencia" del Estado, de un estatus diferente del resto de los ciudadanos.


A partir de aquí, la cuestión es sencilla de responder: la Reina no es un ser mudo, silente. Puede (otra cosa es que "deba") expresar sus opiniones sobre cualquier asunto. Ahora bien, si lo hace, adopta el papel de simple ciudadana y se arriesga por tanto a ser contradicha y criticada, ya que la ciudadanía tiene derecho a expresar sus propias opiniones, a criticar y contradecir. Y por este camino se llega al debate político.


En el plano político, pues, en el que se está, la polémica se produce porque la Reina, de resultar ciertas sus afirmaciones, habría entrado a criticar aspectos especialmente sensibles en torno a los cuales la opinión pública española está dividida. En general, la Reina se mostraría contraria a la eutanasia, al aborto, a los matrimonios entre personas del mismo sexo, así como partidaria de introducir la religión en la escuela primaria.


Es fácil deducir que tales opiniones de la Reina remitirían a un código moral que coincide punto por punto con la actual doctrina de la Iglesia española, a cuya cabeza está el cardenal Rouco. Tendríamos así a una Reina que desde su elevada posición expresa opiniones calcadas de concretas orientaciones de tipo religioso, y ello en un Estado que se define como no confesional. A diferencia de la Reina de Inglaterra, que es cabeza de la Iglesia anglicana, ni la Reina ni el Rey ostentan en España un rol semejante, por lo que este aspecto de la cuestión adquiere también tintes polémicos.


Como casi siempre que se producen noticias de la Casa Real que se salen de lo habitual, un velo de silencio y un sinfín de evasivas tratan de dificultar que se profundice en los hechos y se aclaren las circunstancias. No veo por qué tiene que ser así.


Y es aún más sorprendente que el paladín de la posición de la Reina haya sido el Gobierno, en términos un tanto exagerados y untuosos, todo hay que decirlo, mientras que la leal oposición del PP se ha manifestado, inicialmente, de una forma correcta, a saber: que la Reina debería mantenerse en todo caso en un plano de neutralidad, máxime cuando buena parte de los temas conflictivos referidos en el libro de Urbano ha sido objeto de regulación legal mediante leyes del Parlamento (si bien a las pocas horas la dirección del PP obligó a su portavoz, Esteban González Pons, a rectificar y a situarse en línea con el Gobierno).


A propósito de este embrollo se han desatado todo tipo de conjeturas, algunas descabelladas, otras más verosímiles, como las que apuntan a que determinados grupos político-religiosos de carácter radical hayan podido utilizar a la Reina para alentar una campaña de desobediencia a las leyes del Estado en su afán de erosionar al Gobierno. Sería terrible que los tentáculos de esos grupos llegaran hasta la Familia Real y utilizaran a la Reina como rehén de sus manejos.