- Gays y lesbianas piden jueces formados en EpC
- Consideran que los fallos de la justicia andaluza contra Ciudadanía prueban que la materia es ahora más necesaria. Hasta 2020 no habrá magistrados que hayan estudiado la asignatura
- Público, 2008-05-06 # R. Bocanegra / O. Carballar · Sevilla
“La ley de matrimonios homosexuales es una ley pedagógica para los de ahora y para los que vienen detrás (...) Que los chavales vean que los vecinos de enfrente son un matrimonio y no pasa nada”. Desde estas frases del juez de la Audiencia Nacional Fernando Grande Marlaska en una entrevista con la periodista y escritora Rosa Montero han transcurrido casi dos años; desde la legalización de los matrimonios gays, casi tres.
Los primeros jueces que habrán cursado la polémica asignatura Educación para la Ciudadanía, ocuparán su plaza en torno a 2020. Si prospera la tesis de los tres magistrados de Tribunal Superior de Justicia de Andalucía –entre los que se encuentra Enrique Gabaldón, hijo del presidente de honor del Foro de la Familia, José Gabaldón–, que declararon nulo del temario de Ciudadanía lo relacionado con la igualdad de todos, incluidos, por supuesto, gays y lesbianas, toda esa pedagogía corre el riesgo de irse al garete. Son varios pasos hacia atrás.Al menos ésta es la conclusión a la que han llegado las asociaciones de homosexuales. “Si el juez Gabaldón hubiera cursado la asignatura, pero no sólo él, también todo el Foro de la Familia, incluido su padre, que es presidente honorario, y los obispos y los políticos del PP, su actitud sería hoy más respetuosa”, afirma el presidente de la coordinadora Girasol, Javier García.¿Cuánto tiempo necesitará la sociedad para asimilar esta realidad, que los gays y lesbianas existen y son personas como cualquiera? En la misma entrevista, el juez Marlaska añadía: “Lo malo es que hay gente en situaciones verdaderamente duras. No me siento modelo de nadie, pero hay muchos chavales que viven en pequeños pueblos y que lo tienen muy difícil”
Opciones sexuales y respeto
“Hay que hacer pedagogía social de las leyes y el campo fundamental para ello es la educación. ¿Para qué sirve entonces la ley si no está reflejada en los libros?”, se pregunta el presidente de la Federación Andaluza Colegas, Antonio Ferre. La responsable de Educación de la asociación Ojalá, Nur María Mir, amplía el interrogante: “Muchos de estos niños y niñas van a ser y son gays o lesbianas, y aún no ven reflejada su sexualidad en las escuelas, ¿cómo se van a educar?”.
Nadie parece tenerlo claro. Una profesora de EpC dijo a Público que en sus clases el tema se tocaba de pasada: “Diré que hay opciones sexuales. El respeto a que alguien tenga una manera de vivir”. “A nuestra asociación llaman muchos profesores y directores de colegios para pedirnos asesoramiento. Nos preguntan cómo actuar ante situaciones como, por ejemplo, cuando un chico de 13 años dice en la clase que es gay”, cuentan en Girasol.
Esto es lo que les molesta a los tres magistrados de la sección tercera de la sala de lo contencioso del TSJA. En realidad, los jueces tenían la oportunidad de paralizar de verdad la asignatura –la demanda pedía la eliminación de casi todos los contenidos– , pero la dejaron pasar para anular en exclusiva lo relacionado con la igualdad de los homosexuales, en consonancia con la Conferencia Episcopal y el Foro de la Familia. Se quitaron la careta. “La sentencia es homófoba”, concluyó, contundente, Girasol.
Las palabras, significativas
En la entrevista, Grande-Marlaska afirma que él y su pareja, Gorka, intentan utilizar la palabra marido: “Porque en eso somos peleones, y aunque las palabras a veces son tontas, en otros casos resultan significativas”. Como en éste.
Según la sentencia, EpC “adoctrina” sobre la llamada “ideología de género”, un término acuñado por los obispos y que propugna que a la persona no la define el sexo, sino la opción sexual. El voto particular de dos jueces de la misma Sala desenmascara lo que se esconde tras esas palabras, a veces tontas, a veces significativas: “Tal expresión ha de ser entendida en un sentido más amplio que la de sexo para comprender la opción sexual de la persona, es decir, se pretende inculcar el rechazo a toda discriminación por razón de sexo y de inclinación sexual, lo cual, naturalmente, no está reñido con valor constitucional alguno”.
Sin embargo, no todo el mundo está de acuerdo con esta interpretación: Javier Arenas, líder del PP se felicitó por la sentencia del TSJA y reclamó al presidente de la Junta, Manuel Chaves, que se pactasen los contenidos de la materia. El Gobierno ya ha anunciado que recurrirá el fallo.
Ante este panorama, cobran valor las palabras que el teólogo Enrique Miret Magdalena, de 94 años, escribió en La vuelta a los valores (Espasa): “Es precisa (...) una Ética de convivencia, y por eso una Ética cívica que sirva para todos, creyentes y no creyentes. Eso (...) lo corroboré leyendo a nuestros pensadores del Siglo de Oro (...). Que buena falta haría que los leyeran nuestros obispos para acertar en su opinión acerca de las leyes en una democracia, que debe inspirarse en esa Ética cívica natural de convivencia para todos, cualquiera que sea su ideología, y no en una moral religiosa específica”.
Los homosexuales defienden Ciudadanía. “Es necesaria porque refleja la sociedad en la que van a vivir los niños y niñas que tendrán responsabilidades, muchos de ellos serán jueces en el futuro”, remachan en Ojalá. Como Marlaska.
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