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• Noticias de Gipuzkoa, 2008-02-08 # Gabriel M. Otalora

La cárcel "moderna" nació como un instrumento represor de la violencia. Incluso la Ilustración, que partía del supuesto de que todos los seres humanos tienen los mismos derechos, no fue capaz de imbuir su más sagrado principio al sistema carcelario del que aun somos herederos. Atrás queda la primera manifestación de violencia en forma de sacrificios rituales, sin que hayamos evolucionado mucho desde la Revolución Francesa: libertad a todos que, en la práctica, resulta libertad de unos y condena a la falta de libertad para otros, con el Estado como máximo garante a través de un sistema jurídico vindicativo que postula una reinserción que se ha quedado en los fundamentos teóricos.

Es verdad que en el siglo XIX parecía que las cosas cambiaban de verdad. La esclavitud fue abolida triunfando la Razón en Europa y América, lo que parecía augurar una pronta extensión del fenómeno a más lugares del Planeta. Sin embargo, la abolición de una parte de la esclavitud no anuló la existencia de los cautivos (captivus o prisioneros de guerra, sin libertad, a expensas de los triunfadores, aunque con un status algo mejor que el de los esclavos), a modo de un sub-sistema primario de nuestro modelo carcelario.

El confinamiento actual en las cárceles se basa en el encerramiento con privación de libertad en el que malviven sus miembros más débiles, menos integrados, más pobres y, en un alto porcentaje, enfermos. En este sentido, la cárcel actual a la luz de los Códigos Penales modernos (no ya la que derivó de la Revolución Francesa), es la expresión legal de una gran injusticia social y jurídica tanto en sus medios como en sus fines, como nos muestra el día a día de la prisión.

A finales de 2007, Instituciones Penitenciarias facilitaba el dato de que hay un médico por cada 155 internos y un especialista para cada 664, teniendo en cuenta que en las prisiones se concentran las mayores tasas de enfermedades infecciosas graves. Por ejemplo, el 21% de la población reclusa está infectado por VIH, de los cuales un 4,8% (es decir, 2.808 reclusos) están en fase muy avanzada de la enfermedad. Sin embargo, a nivel del Estado, la población total con VIH (SIDA) no pasa del 0,33%; y el 80% de los presos ha tenido o tiene problemas graves con las drogas.

Faltan centros psiquiátricos penitenciarios, cuando más de 25.000 reclusos (40% del total) padecen trastornos mentales, de los cuales un 8% sufren patologías mentales graves. Hemos tenido que cruzar el umbral del siglo XXI para que en el Estado que se jacta de ser la novena potencia mundial, haya llegado a un acuerdo para que los especialistas sean los que acudan a las cárceles, sin que los reclusos tengan que aparecer esposados por un centro médico, a la vista de todos.... porque nadie se presenta a las plazas de médicos en prisiones por un simple motivo: el económico.

La dictadura franquista dio paso a la democracia. Cambiaron los postulados legales en todos los órdenes sin excluir la materia penitenciaria, gracias a un desarrollo legislativo que ponía el acento en la reinserción. Llegó el Estado de las Autonomías pero los vascos aun no podemos planificar ni gestionar el modelo penitenciario actualmente en manos del Ministerio del Interior, sin que todavía se hayan resuelto las carencias más elementales a nivel de derechos humanos básicos, y siga siendo altísimo el nivel de reincidencias, que es el verdadero termómetro del fracaso de la reinserción social de los reclusos y reclusas.

La cárcel sigue siendo un instrumento de castigo unido a un acendrado ansia social de venganza que la educación de todos estos años en democracia no ha sido capaz de aminorar. Menos rejas y más terapia, para que se erradique la imagen de la prisión asociada a un lugar infradotado en recursos económicos, educativos y asistenciales que sigue habitado fundamentalmente por pobres y enfermos.