> Berria: Politika > EL PSOE DICE QUE LA SUPRESION DE SIMBOLOS RELIGIOSOS EN ACTOS INSTITUCIONALES NO DEBE HACERSE MEDIANTE PROHIBICIONES LEGALES

• Jáuregui: "El crucifijo está de más"
• Los socialistas mantienen la puerta abierta a revisar el acuerdo con la Iglesia
• El País, 2008-05-28 # Fernando Garea · Madrid

El PSOE dejó ayer la puerta abierta en el Congreso a revisar los acuerdos con la Iglesia católica y se comprometió a retirar progresivamente los símbolos religiosos de las tomas de posesión. Sin embargo, ayer votó en contra de sendas iniciativas en ese mismo sentido impulsadas por grupos minoritarios. Izquierda Unida y el BNG decidieron poner a prueba la vocación laicista del Gobierno y presentaron sendas proposiciones no de ley para eliminar esos símbolos en los juramentos de los altos cargos y para revisar los acuerdos con la Iglesia católica.

Los socialistas hicieron profesión de fe laica en todas sus intervenciones, pero votaron con el PP, aunque desde una posición distinta, y ambas iniciativas fueron rechazadas.

Su tesis, explicada primero por José Antonio Alonso, portavoz del Grupo Socialista, es que "la supresión de símbolos religiosos en actos institucionales debe producirse como consecuencia de la práctica y la evolución social y protocolaria, pero no mediante prohibiciones legales que no tienen ningún sentido".

Luego, en la tribuna, Ramón Jáuregui explicó que "la laicidad debe ir al ritmo de los cambios sociales", y gráficamente aseguró que "en la toma de posesión de los ministros el crucifijo está de más, pero no debe hacerse una ley para prohibirlo".

Explicó que el real decreto que regula el protocolo de esas tomas de posesión no habla expresamente de ningún símbolo religioso y, por tanto, no es preciso cambiar ninguna norma.

Eliminación progresiva
En el caso de los miembros del Gobierno, el protocolo concreto de sus tomas de posesión se establece en la Casa del Rey, además de lo estipulado en el real decreto correspondiente. Jáuregui argumentó la necesidad de esperar la evolución social con el ejemplo de las escuelas públicas y los juzgados donde no ha sido necesaria una ley específica para ir eliminando progresivamente los crucifijos.

Respecto a los acuerdos con la Iglesia católica, la posición que mantuvo el PSOE ayer vino a ser la de no negarse a nada. Ni a cambiar los acuerdos ni a mantenerlos tal cual. "En absoluto estamos cerrados en la cuestión de la revisión de los acuerdos, pero creemos también que al respecto debe tenerse en cuenta la dimensión exacta del tema", aseguró en la tribuna el diputado socialista Jesús Quijano.

Su tesis es que esos acuerdos deben verse como tratados internacionales entre España y el Estado del Vaticano y, por tanto, como competencia exclusiva del Gobierno, responsable de dirigir la política exterior.

"Debemos respetar ese margen flexible para que el Gobierno lo utilice con la prudencia conveniente, con la determinación necesaria y en el momento oportuno", añadió Quijano. El diputado además insinuó que, de producirse esa revisión, podría tener su ámbito en la discusión de la futura reforma de la Ley Orgánica de Libertad Religiosa que el Gobierno ha anunciado para esta legislatura. "Deberá ser el contexto en el que el asunto se pueda plantear de manera correcta. No adelantaremos acontecimientos y respetemos ese margen en sus debidas términos", concluyó.

A la propuesta de eliminar los símbolos religiosos, el PNV presentó una enmienda, finalmente rechazada, que proponía ir mucho más allá y eliminar todas las tomas de posesión de los miembros del Gobierno. Es decir, que no se produzca el tradicional acto de jurar o prometer sobre la Constitución en La Zarzuela. Según el diputado Aitor Esteban, se trata de una ceremonia anacrónica, que carece de sentido porque nadie les demanda luego haber faltado a ese juramento o promesa.

El portavoz del PP, Eugenio Nasarre, respondió a los nacionalistas vascos preguntándoles si también incluían en su enmienda la petición de supresión de la ceremonia de toma de posesión del lehendakari ante el árbol de Gernika.

En defensa de la moción, el diputado de IU, Gaspar Llamazares, aseguró que "se acepta por inercia el sometimiento del Gobierno, no sólo a la Constitución, como es obligado, sino a la Iglesia católica y se mantiene así una vinculación entre Monarquía e Iglesia católica que es preconstitucional". Denunció el "mantenimiento de la religión institucionalizada en el Ejército, en AENA, o en los funerales de Estado".

> Iritzia: El País > LAICIDAD EQUIVOCADA

• Laicidad equívoca
• Reformar la Ley de Libertad Religiosa no exime de revisar los acuerdos con la Santa Sede
• El País, 2008-05-09

La vicepresidenta Fernández de la Vega presentó anteayer en el Congreso las prioridades del nuevo Ejecutivo para la legislatura que comienza, entre las que destacó "avanzar en la condición de laicidad que la Constitución otorga a nuestro Estado". Fernández de la Vega concretó en parte este objetivo al anunciar una reforma de la Ley de Libertad Religiosa. El Gobierno ha corregido, así, el programa que el Partido Socialista presentó en las últimas elecciones, del que retiró a última hora el compromiso de reformar esta norma, vigente desde 1980.

Es una buena noticia que, tras los vaivenes de la legislatura anterior, el Gobierno haya decidido desarrollar el mandato constitucional sobre las relaciones entre la Iglesia y el Estado. Pero sorprende que el camino escogido sea la reforma de la Ley de Libertad Religiosa y no, por el contrario, la revisión de los acuerdos con la Santa Sede de 1979. Aunque el Ejecutivo tendrá que especificar en su momento los aspectos que se propone reformar, los problemas surgidos desde que la ley entró en vigor no derivan tanto de su articulado como de la aplicación que han hecho los sucesivos Gobiernos, siempre favorable a la Iglesia católica, hasta consolidarla en una situación de privilegio frente a las demás confesiones.

A pesar de que la ley exige inscribir las iglesias o las comunidades en el Registro de Entidades Religiosas del Ministerio de Justicia, la jerarquía católica no ha cumplimentado este requisito, en abierto desafío al Estado. Su presencia en establecimientos públicos militares, hospitalarios, asistenciales o penitenciarios es prácticamente general, mientras que es nula o escasa la de otras confesiones. El sistema de conciertos le ha permitido, por otro lado, controlar un importante porcentaje del sistema educativo. Y las diferencias en materia de financiación van desde los 4.000 millones de euros que recibe la Iglesia católica a los cinco que reciben los otros credos. El acuerdo por el que se rigen éstos data de 1992 y, a diferencia del que regula las relaciones con la Iglesia católica, no hay dudas sobre su constitucionalidad. Las confesiones minoritarias han expresado reiteradas quejas sobre los incumplimientos de los acuerdos de 1992 por parte del Estado.

Al manifestar su intención de reformar la ley pero omitir cualquier mención a los acuerdos de 1979, que han sido hasta ahora el principal obstáculo a la separación entre la religión y el Estado establecida por la Constitución, el Gobierno transmite una impresión equívoca. No se sabe a ciencia cierta si lo que pretende es reconsiderar la situación de privilegio de la Iglesia católica o, por el contrario, generalizar algunos de sus extremos al resto de las confesiones, por ejemplo, aumentando la financiación o concediéndoles más espacio en la educación.

Hasta que el Gobierno se pronuncie sobre el futuro de los acuerdos con la Santa Sede, no se podrá conocer lo lejos que se propone llegar en esta materia.

> Iritzia: Joan Sánchez Bolet > SOBRE LA PREGUNTA A LOS LECTORES: LAS RELACIONES IGLESIA-ESTADO

• Sobre 'La pregunta a los lectores'
• Noticias de Gipuzkoa, 2008-01-23 # Joan Sánchez Bolet · Hernani

A partir de que vosotros mismos afirmáis que: "Las relaciones Iglesia-Estado en un país constitucionalmente aconfesional" y creo que os estáis refiriendo a este Estado.

Yo quisiera precisar que el artículo al cual os referís, el nº 16, no dice esto, ni tampoco lo interpretáis ampliamente, correctamente, dentro de su contexto, su contenido total, porque:

1º- Este artículo de las Constitución no se adecua a la Constitución, ni a la práctica diaria, de un Estado que se dice llamar "democrático" y de "derecho", porque aunque parezca que venga a decir y a referirse a que tenemos libertad religiosa, y en resumen que estamos en un "Estado aconfesional", -como decís vosotros-, hace mención expresa a las relaciones con la Iglesia Católica y de forma preferencial, y ¿por qué?: Porque ya en el año 1977 se renovó el Concordato ya existente y que estaba amparado y amparando a la dictadura franquista, fascista, y que el año pasado se volvió a renovar y mejorando sus contenidos, sobre todo económicos.

2º- Porque la iglesia Católica no ha dejado de formar parte de los poderes fácticos del Estado durante todo este tiempo, después de la muerte de Franco, y la prueba la tenéis no solamente en la renovación del Concordato citado, sino que está presente de forma permanente y única-como religión- en todos los actos sociales e institucionales, además que están presentes -no lo han dejado de estar durante todo este tiempo- como Iglesia Católica, con sus obispos y curas castrenses-militares, dentro de otro de los pilares más importante de los poderes fácticos del Estado: Las Fuerzas Armadas, solamente hace falta mirar el artículo 8 de la Constitución aunque no lo diga todo, queda bastante claro, para el que lo entienda o quiera.

3º- Estamos en un estado de dictadura continuista, designada por el propio Franco y, aprobada, mejor dicho ratificada, principalmente por los partidos españolistas y mayoritarios: PP-PSOE, pasando a convertirse en una dictadura continuista monárquica y partitocrática. Además, el propio artículo 1.3, dice: "La forma política del Estado español es la monarquía parlamentaria", ¿No es acaso una Monarquía una forma de tiempos medievales y más propio por sí mismo de una dictadura que una democracia, y más teniendo en cuenta el proceso que se dio aquí? ¿Como los artículos 56 al 66 están dedicados a la Corona, a la monarquía? Como se llenaron la boca de decir que estamos en un "Estado democrático" y "de derecho", sólo porque lo dice el artículo 1.1, formalmente, de la Constitución, de forma filibustera, farsa!!

Por lo tanto, lo primero es cambiar de forma radical la Constitución, no una simple reforma, sino realizar una ruptura democrática, total, plena con una asamblea constituyente, en las que desaparezcan el poder de las Fuerzas Armadas, la Iglesia Católica, y aquellas estén bajo la sumisión civil del poder legislativo, la abolición de la monarquía, que además hay que tener en cuenta que ocupa los cargos de: Rey, Jefe de Estado y Capitán General de las Fuerzas Armadas y sin ser elegido, ¿es acaso esto una forma de Estado democrático? La Iglesia Católica tiene un poder fáctico no solamente como religión, sino políticamente, porque además en un Estado, por lo tanto no tiene que tener ningún tipo de privilegios diferentes a las demás religiones o confesiones. Un ejemplo, desde que está en vigor la Constitución y se realiza la declaración de la Renta, existe una casilla especial para ella, cuando tienen ya firmado un Concordato y las demás religiones ni eso de las dos cosas, ¿Dónde está la libertad religiosa?

Pero, claro, después están los demás poderes fácticos como los mediáticos y económicos, que también se tendrán que regular y frenar su influencia en una sociedad libre y democrática, pero claro de ello no solamente se sirve el Estado sino también los partidos políticos, y así forma una partitocracia, que refuerza más todavía la dictadura monárquica continuista.

Después están los partidos políticos, como ya he citado, sobre todo el PP y el PSOE, que están dentro de aparato del Estado, y que han completado y están manteniendo esta monarquía dictatorial y reforzando su papel, ratificado y aprobado por acuerdos ya anteriores a la muerte del propio Franco.

En resumen, a pesar de que he intentado ser breve y los puntos tocados son imprescindibles y de tal transcendencia para entender que la única salida es poder realizar una ruptura democrática, total, plena y de verdad, hacer una limpia a fondo e eliminar todos los poderes existentes, y realizar una nueva Constitución. La actual es una farsa total.

> Iritzia: Miguel Angel Soro Falces > EL DINERO MUEVE VATICANOS

• El dinero mueve vaticanos
• Noticias de Gipuzkoa, 2008-01-17 # Miguel Angel Soro Falces

Parece que el Vaticano da marcha atrás y que le ha visto las orejas al lobo.

Vázquez ha planteado muy bien la estrategia del Gobierno de España y su Santidad se ha dado cuenta de que es mejor llevarse bien con aquél que le da de comer.

Se espera que los cardenales más de extrema derecha sean purgados, enseguida lo veremos si pierden poder en beneficio de los más liberales.

De todas formas, y pase lo que pase, el Gobierno de España (sea quien sea el partido que esté en el poder) no puede dejar de hacer justicia al pueblo español y acabar con los privilegios a esta jerarquía católica.

El Concordato debe ser revisado y borrar aquellas partes que perjudiquen a las personas en sus derechos, por ejemplo: las actas bautismales deben de considerarse mera estadística digan ellos lo que digan, para que si una persona se quiere dar de baja de esa institución pueda hacerlo rompiendo esa ficha y borrando su nombre de esa sociedad a la que él ya no quiere pertenecer.

Pues el actual sistema pisotea la dignidad de las personas y vulnera nuestras leyes: cuando quieres darte de baja te obligan a apostatar y a renunciar a la fe de Cristo como si ellos fueran los propietarios de Cristo, y si no lo haces, ellos por su cuenta y riesgo añaden por escrito en tu acta bautismal que lo has hecho, infringiendo un derecho de la persona ya que no tiene porqué aparecer su nombre si éste no lo desea, y menos insultado y denigrado en dicho documento. (...)

Éste es sólo un ejemplo, pero hay muchos más. Pedimos justicia y, sobre todo, que se nos devuelva el patrimonio cristiano que estos señores manejan sin nuestro permiso. Si les cortamos el suministro acabarán devolviendo todo lo que nos han robado.

> Berria: Laikotasuna > UNAF CONSTITUYE UNA PLATAFORMA PARA DENUNCIAR EL CONCORDATO CON LA SANTA SEDE

• Se trata de una campaña de recogida de firmas para pedir el fin de la financiación de la Iglesia Católica a costa de los presupuestos del Estado
• Constituyen una plataforma para denunciar el Concordato con la Santa Sede
• La República, 2008-01-08

Es la primera iniciativa social del movimiento laico contra la dura ofensiva desplegada por los obispos y la jerarquía católica contra el Gobierno y sus políticas sociales como el matrimonio homosexual, el divorcio express o el aborto. La Unión de Asociaciones Familiares (UNAF) ha decidido responder al ataque clerical con la creación de una plataforma para denunciar el concordato entre el Ejecutivo español y el Vaticano.

Se trata de una campaña de recogida de firmas para pedir el fin de la financiación de la Iglesia Católica a costa de los presupuestos del Estado. La secretaria general de la UNAF señala que hay que frenar la intromision politica de Rouco y sus cardenales. Aseguran que las firmas se las entregaran al presidente Zapatero y a la vicepresidenta De la Vega.

A la Unión de Asociaciones Familiares pertenecen más de veinte colectivos progresistas; entre ellos, la Federacion de Gays y Lesbianas, que también se movilizará. Mañana mismo esta federación presentará ante la Fiscalía General del Estado una denuncia por las alarmantes declaraciones del obispo de Tenerife, quien señaló hace unos días que a algunos menores de edad les gusta e incluso provocan los abusos sexuales. Este fin de semana estudiarán nuevas medidas.

> Iritzia: Javier Pérez Royo > ACUERDOS LEONINOS

• Acuerdos leoninos
  
• El País, 2008-01-05 # Javier Pérez Royo
  

Los Acuerdos que regulan las relaciones entre la Iglesia Católica y el Estado español son formalmente postconstitucionales, pero materialmente no lo son. Se publicaron en el BOE el 3 de enero de 1979, es decir, cinco días después de la entrada en vigor de la Constitución española, pero la negociación de dichos acuerdos es obvio que no se produjo entre el 28 de diciembre de 1978 y ese 3 de enero.

La negociación de los Acuerdos se hizo en circunstancias completamente excepcionales. La hizo un Gobierno preconstitucional, que disponía ciertamente de la legitimación democrática que le habían proporcionado las elecciones de 15 de junio de 1977, pero que no disponía de legitimación constitucional. La norma que estaba en el origen de su mandato era la Ley para la Reforma Política, última de las Leyes Fundamentales aprobada por las Cortes del régimen del general Franco. No era, por tanto, el Gobierno de la democracia española, sino un Gobierno que se había constituido a partir de un proceso electoral sólo parcialmente democrático, en la medida en que lo había dirigido un Gobierno preconstitucional prácticamente sin control. Un Gobierno, en consecuencia, de una legitimidad democrática muy débil, cuyo mandato no podía considerarse que se pudiera extender más allá de la dirección del proceso constituyente.

Ocupadas como estaban las Cortes y la sociedad española entera en la elaboración de la Constitución, los Acuerdos se negociaron con una falta absoluta de transparencia. No se tuvo conocimiento de los mismos hasta el día de su publicación. Unos Acuerdos tan importantes para la aplicación de los artículos 16 y 27 de la Constitución, que habían sido objeto de una negociación muy intensa en el proceso constituyente, deberían haber sido negociados con la Constitución en vigor, por un Gobierno constitucional y bajo el control de unas Cortes constitucionales. Las Cortes Constituyentes fueron burladas por el Gobierno con la negociación de estos Acuerdos. También las primeras Cortes constitucionales. A las primeras se les metió el gol a posteriori. A las segundas a priori.

Los Acuerdos son, pues, muy deficitarios desde una perspectiva democrática. No los negoció y suscribió un Gobierno plenamente democrático y fueron negociados y aprobados a través de un procedimiento completamente ademocrático, por no decir plenamente antidemocrático. Justamente por eso existen y por eso se maniobró de la manera que se hizo, de tal manera que fueran publicados tras la entrada en vigor de la Constitución y que, en consecuencia, tuvieran la apariencia de ser constitucionales, pero sin que intervinieran en los mismos los órganos constitucionales que deberían haber intervenido en su negociación y aprobación de acuerdo con lo establecido en la propia Constitución. Los Acuerdos de 3 de enero de 1979 son de constitucionalidad más que dudosa, por decirlo de manera suave, y son Acuerdos que, en ningún caso, habrían podido ser suscritos por un Gobierno constitucional bajo el control de unas Cortes constitucionales.

Hay un vicio de origen en el proceso de formación de la voluntad que se plasma en los citados Acuerdos. El Gobierno español carecía de legitimidad para negociar lo que negoció y la Iglesia aprovechó la posición de debilidad de dicho Gobierno para conservar en lo posible la posición que había conseguido tener bajo el régimen del General Franco. Los Acuerdos de 3 de enero de 1979 no son acuerdos de la democracia española, es decir, Acuerdos a través de los cuales la democracia española pacta con la Iglesia católica su lugar en el nuevo sistema político democrático, sino que son Acuerdos en los que se impone a la democracia española desde fuera de ella misma una determinada posición de la Iglesia católica.

Por dignidad democrática, esos Acuerdos deberían ser denunciados y ser sustituidos por otros, en los que además de responder plenamente al contenido de la Constitución de 1978, se respetara el procedimiento que se tiene que respetar en la elaboración de este tipo de normas. La posición de la Iglesia católica en la democracia española no puede estar regulada por unos Acuerdos en los que es tan intensa la huella del régimen del General Franco.

Mientras esto no ocurra, las relaciones entre la Iglesia y el Estado van a continuar siendo un problema para la democracia española. Para el Estado y también para la Iglesia. Un pacto leonino es siempre un mal pacto y, en consecuencia, acaba creando más problemas de los que presuntamente viene a resolver. Y los Acuerdos de 3 de enero de 1979 son leoninos. Nunca se habrían podido suscribir en condiciones democráticas, esto es, con un mínimo de equilibrio entre las partes que suscriben el pacto. De ahí que cuanto más pronto sean denunciados y sustituidos por otros, tanto mejor.