- El Matrimonio ya no existe legalmente
- El secretario general de la Conferencia Episcopal expone la verdadera trascendencia que, a su juicio, tienen las reformas jurídicas sobre el matrimonio, que en los últimos días han llevado a las calles a la Iglesia Católica en contra del Gobierno
- El Mundo, 2008-01-06 # Juan A. Martínez Camino
Los promotores de la actual legislación española sobre el matrimonio pretenden hacer creer a la gente que es la más beneficiosa que existe en el mundo, puesto que -según repiten machaconamente- habría «extendido el derecho» a contraer matrimonio a quienes desean hacerlo con otra persona de su mismo sexo. Suelen añadir que de este modo las «uniones homosexuales» han sido -por fin- plenamente equiparadas al matrimonio y que se ha logrado eliminar la discriminación que siempre habrían sufrido ciertas minorías. Y todo, sin perjuicio para nadie. Son frases que pueden sonar bien, pero que enmascaran una lacerante realidad, muy distinta.
No es cierto que las uniones homosexuales hayan sido equiparadas al matrimonio. La Ley de Reforma del Código Civil en Materia de Matrimonio (13/2005) ha hecho justamente lo contrario: ha equiparado el matrimonio a las uniones de personas del mismo sexo. Y aquí, el orden de factores altera radicalmente el producto. El «matrimonio» resultante de esa operación legal ya no es la unión de un varón y de una mujer, sino la unión de cualesquiera ciudadanos. Queda así desnaturalizado por completo, en su especificidad, el contrato al que todas las legislaciones del mundo han llamado matrimonio, antes y después de Cristo. De modo que no es en absoluto exagerado decir -aunque comprendo que pueda parecerlo- que en España el matrimonio ha dejado de existir legalmente, puesto que, bajo ese nombre, el Código Civil actual entiende la unión de cualesquiera personas, con total independencia de su identidad sexual.
En otros países (poquísimos) sí se han equiparado las uniones de personas del mismo sexo al matrimonio. No es que nos parezca tampoco nada justo, pero es ciertamente otra cosa. Allí el matrimonio sigue siendo la unión de un varón y de una mujer, del esposo y de la esposa, y las leyes se han limitado a declarar que las uniones de personas del mismo sexo gozan plenamente -en algún raro caso de equiparación plena- de los mismos derechos que el matrimonio.
En cambio, la mencionada Ley de Reforma del Código Civil -aprobada, por cierto, con una escasa mayoría en el Congreso y con el voto en contra del Senado- se ha permitido evacuar el contenido específico del contrato matrimonial por un método tan simple como devastador. A saber: eliminando del título correspondiente del Código las palabras «esposo/esposa» o «marido/mujer» y sustituyéndolas por «cónyuges», un término genérico que se salta la diferencia cualitativa entre el varón y la mujer. La misma suerte corrieron las palabras «padre» y «madre», que son reemplazadas por la palabra «progenitor». Luego hubo que precisar algo más y cuantificar lo que antes eran cualidades distintas y en los registros civiles leemos «cónyuge A» y «cónyuge B», en lugar de esposo y esposa. Procedimiento ridículo y triste, pero necesario para evitar esas palabras sagradas, que se han vuelto nefandas para la ideología de género que ha copado las leyes españolas.
El matrimonio, pues, ha sido equiparado a una unión asexuada de «cónyuges» y/o de «progenitores». Naturalmente no se prohíbe que puedan ser de sexo distinto, pero no es necesario que lo sean. Con lo cual el matrimonio ha dejado de existir en su especificidad. Es como si el reglamento del fútbol dijera simplemente que es un juego de balón; así habría sido equiparado, entre otros, al baloncesto o al balonmano. No se habría prohibido, ciertamente, jugar el balón con el pie, pero tampoco se habría excluido que pudiera ser jugado con la mano por todos los jugadores y en todas las ocasiones, por lo que, sencillamente, habría dejado de existir como balompié.
La disolución del matrimonio como figura jurídica propia no es una pura sutileza conceptual. Es un gravísimo acontecimiento de carácter epocal que trae consigo consecuencias muy negativas para la vida de todos los españoles. Significa que el matrimonio no está ni reconocido ni protegido por la ley en cuanto tal. Las leyes protegen hoy todo tipo de realidades y de bienes muy concretos: desde los osos pardos hasta los quesos de La Mancha. Está muy bien. Pero, mientras tanto, se le ha retirado la protección legal a esa realidad humana tan determinante del presente y del futuro de la sociedad que es el matrimonio, el nicho ecológico de la vida humana, el ámbito fontal de la identidad de las personas, de la cultura y de la paz.
Comprendo que quien haya tenido la deferencia de leerme hasta aquí pueda pensar que es muy exagerado lo que digo o que, concediendo al menos que algo pueda haber de lo dicho, no se trata de un asunto que le pueda afectar seriamente a él o a ella. Tratemos, pues, de verificar lo que decimos con un solo ejemplo que pone de manifiesto cómo todos quedan afectados por la desprotección jurídica del matrimonio.
No hay ningún español que no se vea concernido por las realidades significadas por las palabras «padre», «madre», «esposo» o «esposa». Pues bien, estas realidades son ahora olímpicamente ignoradas por la Ley. Nadie puede pretender que la Ley proteja su cualidad de esposo o de esposa, de padre o de madre, por la sencilla razón de que esos conceptos han sido eliminados del Código Civil y han dejado de ser realidades jurídicas. Siguen siendo, naturalmente, realidades humanas de primer orden, pero ya no realidades que merezcan una protección legal. En España, llamar esposo o esposa a una persona y tenerla como tal es algo perteneciente al mundo privado, de los afectos, de los gustos o, en su caso, de la literatura, pero no un bien jurídico públicamente defendible.
Prueba de ello es el caso siguiente. Una niña de seis años viene del colegio contándole a su madre que la profesora le ha dicho que se podrá casar con su amiguita Verónica. La madre, horrorizada, trata de explicarle un poco las cosas. Al día siguiente, la niña vuelve del colegio llorando y tachando a su madre de mentirosa porque la profesora le ha explicado de nuevo que sí podrá casarse con Verónica y que su madre está anticuada y es «homófoba». ¿Podrá esta madre tratar de defender legalmente la realidad de su hija como futura esposa de su futuro esposo y exigir a la maestra que deje de tratar de borrar de la cabecita de su hija los conceptos sagrados de «esposo» y «»esposa»? No podrá, porque los promotores de la actual legislación sobre el matrimonio le han arrebatado ese derecho. En cambio, si insiste en denunciar la tropelía de la profesora, puede sucederle que alguien la denuncie a ella por «homófoba» y por educar a su hija según criterios de «discriminación por razón de género».
En resumen: la actual legislación española no reconoce ni protege al matrimonio y, por tanto, supone un retroceso histórico respecto de la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948, de la que este año celebramos el sexagésimo aniversario. La sociedad debe reaccionar enérgicamente ante este estado de cosas. Gracias a Dios, lo está haciendo ya.
Determinada prensa me atribuye de modo reiterado una afirmación que nunca he hecho. Dicen que he dicho que la mal llamada Ley del Matrimonio Homosexual es lo más grave que le ha acontecido a la Iglesia en sus dos mil años de Historia. No lo sé. Es difícil calibrar que sea lo más grave que le haya acontecido a la Iglesia. Lo que sí he dicho y reitero es que la Iglesia nunca se ha encontrado con una legislación sobre el matrimonio como la que ahora tenemos en España. Una legislación que no es que haya tipificado para una minoría lo que podría mal llamarse un matrimonio homosexual, sino que ha deshecho el matrimonio de todos, arrojándolo fuera de la Ley. El desafío es de grueso calibre. Hay que responder a él de manera proporcionada. Lo que está en juego no son tanto los derechos de la Iglesia, cuanto los derechos fundamentales del ser humano.
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