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• «Es muy injusto tachar de delincuente a todo el colectivo de menores inmigrantes»
• La atención a estos jóvenes, cuya presencia se ha duplicado en cinco años en Gipuzkoa, cobra protagonismo tras el fuego provocado en una villa de acogida. Los expertos reconocen que algunos son muy conflictivos «pero son minoría»
• El Diario Vasco, 2008-03-09 # Ane Urdangarin · DV · San Sebastián

La de Tarik es una de esas historias estremecedoras que llegan a las entrañas. La de un adolescente marroquí que desde los 14 años hasta los 16 acudía a diario al puerto de Tánger en busca de una oportunidad en los bajos de un camión. En uno de ellos tuvo suerte y acabó en Gipuzkoa. Vivió en pisos de acogida y pensiones, estudió albañilería, encontró trabajo y se echó «novia de aquí». Tarik contó su historia a finales del año pasado en este periódico, pero es muy probable que la mayoría de los lectores tengan más presentes los conflictos en el centro de Tolosa, las quejas de los interventores de los trenes de Cercanías, el incendio provocado en el albergue de Segura por cuatro de sus huéspedes o el fuego intencionado que el domingo pasado devoró una villa de la Diputación que estaba siendo reformada para acoger a jóvenes como Tarik en Igeldo.

Los menores inmigrantes y su acogida vuelven a ser noticia, un fenómeno que parece haber entrado en la dinámica de asociarlos sistemáticamente con la delincuencia. «Aplicar esa lógica criminalizadora por la que hacemos responsable a todo el colectivo de menores de los problemas en los que sólo algunos de ellos están involucrados es muy injusto, como lo es hacerlo en el caso de los vecinos de Igeldo, entre los que hay gente activa, sensible, que tiene unos criterios francamente buenos y pueden ser una buena base para este trabajo comunitario que se estaba encauzando con la Diputación». Peio Aierbe, miembro de SOS Racismo, no duda en censurar «el doble rasero» que se emplea al hablar de «la mano pirómana», y la «demagogia» que desprenden muchos comentarios de la calle cuando, al referirse a recursos que puedan ser conflictivos, la gente dice «que lo pongan en el jardín del diputado. Si a esto se suma un discurso político, -que afortunadamente no es de la Diputación, que es bastante integrador-, que se dedica a sembrar sospechas, como hemos visto en la campaña, pues hay cantidad de gente que se siente legitimada para decir las mayores barbaridades».

Iñigo Ochoa de Alda, presidente de la Asociación Vasca de Psicoterapia Dinámica y Sistémica, es supervisor de la asociación Hogares Nuevo Futuro en Gipuzkoa, que se encarga del acogimiento residencial y de urgencia en los centros de menores de Tolosa y de Urnieta. Conoce de cerca la realidad de estos chavales, y reconoce que «nadie quiere tener un centro de estos al lado de casa, no sea que pase algo...». Esta actitud le parece comprensible, pero recuerda que «no estamos en los años 40 cuando a los locos y a los enfermos se les mandaba al monte. Si queremos ser coherentes con nuestra política de integración social, tenemos que asumir que todos tenemos que perder un poco. No podemos ir de liberales y no perder nada».

El psicólogo, profesor de la UPV, habla con conocimiento de causa. Vive cerca de uno de estos pisos en Donostia que pueden resultar molestos a los vecinos. Ruidos, discusiones, música alta, portazos... forman, en muchas ocasiones, parte de la rutina. Aunque como en todo, siempre hay excepciones.

El martes, por ejemplo, visitó el centro de urgencia de Tolosa, que ha sido rehabilitado y al que son trasladados los menores que acaban de llegar a Gipuzkoa. Y se llevó una grata sorpresa. Se encontró con un educador vacilando con dos menores marroquíes. Se notaba buen rollo. «La última vez que fui a esa casa era un desastre. Los educadores estaban totalmente saturados y el ambiente era malo. Todo lo contrario al actual. Siguen saturados, pero sobre todo por las condiciones laborales, no por los menores». La pena es que no sabe cuánto durarán estas «buenas condiciones».

Los revoltosos
El hecho de que lleguen varios menores con un perfil problemático puede producir un efecto en cadena. «Hay chavales muy rescatables con los que puedes trabajar a solas, ayudarles. Pero en el momento en el que en el mismo lugar se juntan 25 y entre ellos haya dos liantes, el resto están con ellos o están contra ellos. Y les interesa estar con los liantes, no con los educadores, porque en la calle no van a estar con los educadores», cuenta Ochoa de Alda, quien está realizando un estudio sobre la situación emocional y psicológica de estos adolescentes que llegan a Gipuzkoa y la relación con sus familias de origen. Este trabajo, que quiere presentar en el congreso sobre psicoterapia y multiculturalidad que se celebrará en noviembre en Donostia, permitirá dibujar los perfiles de estos menores.

De entrada, se pueden distinguir dos grupos. Uno corresponde a los que tienen unos 12 ó 13 años, de los que irán a vivir a Igeldo cuando la villa sea reformada. «Todos ellos están escolarizados y están funcionando bien». Ochoa de Alda cita el ejemplo de un menor que acude a un reconocido centro escolar donostiarra, «donde están muy implicados». Sin embargo, recuerda que estos preadolescentes no están en su país y viven lejos de su familia. «Como los autóctonos en riesgo social, han pasado por una situación de abandono». Y eso marca.

El psicólogo habla de perfiles «muy dañados, como los que te puedes encontrar aquí» y que, en el caso de los menores extranjeros, pertenecen a familias muy numerosas «y la familia envía a uno o a varios a España por si pueden trabajar y conseguir dinero». Lejos de los designios familiares se encuentran con una realidad en la que, como menores, no les está permitido trabajar, «y no pueden llamar a sus familias, porque creen que les han fallado». Viven en una constante contradicción que les lleva a colocarse durante el día la coraza de duros para sobrevivir en un entorno que no es el suyo, «pero por la noche, con 12 años, se siguen orinando en la cama. En el fondo son unos niños desamparados».

Con estos chavales, asegura Ochoa de Alda, se puede trabajar si las condiciones lo permiten: por ejemplo, en grupos de ocho con un equipo estable, como el de Urnieta. «Lo que además no podemos pedir a estos chavales en riesgo social es que sean hermanitas de la caridad», apostilla.

Peio Aierbe destaca que «la mayoría» de los menores extranjeros que llegan a Gipuzkoa responden positivamente «y eso no trasciende. Se implican mucho en los talleres y en los centros de iniciativas profesionales porque saben que tienen que adquirir conocimientos para trabajar». Pero hay otros que «no funcionan tan bien, y en esos casos hay que ver qué pasa y qué ha fallado».

Generalmente, estos segundos arrastran un bagaje vital en las antípodas de la infancia que debería tener cualquier niño. Llegan a Gipuzkoa en el límite de la mayoría de edad y «encima muchos de ellos son chavales que ya han delinquido o directamente han vivido en la calle, consumen disolvente y van de aquí para allá». Un peregrinaje basado en la supervivencia a cualquier precio, explica Ochoa de Alda, quien reconoce que «es muy difícil trabajar con ellos».

Sensación de impunidad
Más cuando viven con una sensación de gran impunidad. Así lo asegura Ochoa de Alda, quien recuerda lo que una vez le contó uno de estos menores. «Quizás no sea políticamente correcto decirlo, pero él planteaba: 'en Marruecos, si te pillan, depende del policía que te coja, tan pronto te da una paliza, como si le pagas y no te hace nada o te mete en un autobús y vas al desierto. Si te pillan en Francia, te pegan y luego te preguntan. Y si te pillan en España, te dan de comer, te preguntan y, luego, ya se verá'. Me lo decía hace tres años. Eso no significa que sea así, pero es como algunos de ellos lo ven. Ahora vamos avanzando, pero la sensación que tienen es que estamos en una sociedad más democrática y eso significa más impunidad, porque la justicia va más lenta. Están acostumbrados a que haya una intervención inmediata y coherente, porque si a un menor, sea de Marruecos o de Oiartzun, le dices 'veremos qué pasa' y se tarda ocho meses en decidir, pues en ese tiempo no tienen nada que perder. Y la Justicia está saturada, no puede hacer más de lo que hace, porque no puede meter a todos estos menores en un centro cerrado, ya que tampoco es la solución».

¿Y qué salida cabe para estos casos? «La misma que tenemos para un chaval autóctono, desligado a su familia, con problemas de consumo de drogas, que en vez de disolvente puede ser ketamina o cocaína, que no ha acabado DBH o ESO y que se le deja que ande callejeando y tirando con trapicheos o pequeños hurtos. Entonces, o hay un mínimo de conciencia de que algo está ocurriendo y se hace algo que pueda reorientarlos, o dejamos que se junten en la plaza de la Brecha o en la plaza de Igeldo sin casa, sin comida y delinquiendo para sobrevivir».

• Los datos
• Tutela: La Dirección de Juventud e Infancia del departamento de Política Social de la Diputación tiene, por ley, la responsabilidad de tutelar a los menores extranjeros no acompañados que se encuentran en Gipuzkoa.
• Cifra de menores: En cinco años se ha duplicado. En 2003 la Diputación tuteló a 114 menores. El año pasado, a 219. El pasado mes de enero llegaron 27 menores no acompañados, cifra récord. Según datos forales, el año pasado la Diputación atendió a 1.100 menores autóctonos.
• Centros: La Diputación tiene prevista la apertura de nueve centros para reforzar la red de acogida.

• Grupos reducidos para una atención adecuada
• El Diario Vasco, 2008-03-09 3 A.U. · DV · San Sebastián

La incesante y cada vez más numerosa llegada de menores extranjeros no acompañados ha obligado a la Diputación Foral, responsable de la tutela de estos niños, a ampliar una red de acogida que se antojaba insuficiente. La apertura prevista de nueve centros, incluido el de Igeldo, viene a reforzar esta estructura.

El psicólogo Iñigo Ochoa de Alda califica de «admirable» la implicación foral, «en el sentido de que ha asumido un tipo de población que otras provincias ha rechazado, lo que pasa es que eso trae consigue unos daños colaterales y supone reestructurar una red que no está preparada». A su juicio, se está aprendiendo de los errores cometidos hasta ahora «y están creando recursos, los están adecuando más al perfil de cada chaval, porque no son lo mismo unos menores conflictivos o con problemas de consumo de disolvente que otros que se muestran más receptivos». Eso sí, subraya que para sacar a estos chavales adelante es preciso que haya un compromiso de mantener unas cifras de menores con los que se pueda trabajar. « Por muy buenas condiciones que tengan, poner más educadores no sirve de nada cuando se trabaja con grupos grandes: a veces supone echar leña al fuego, porque parece que nos tenemos que defender del enemigo y por eso hay más educadores. Debería haber grupos máximos de 8 a 10 chicos».

El psicólogo valora positivamente la «mayor inversión económica» destinada a este colectivo y el hecho de que se estén aceptando proyectos para trabajar con estos chavales a partir de los 18 años. A su juicio, la Diputación ha asumido el reto de hacer una inversión a largo plazo, aunque sea costosa, «y ha dicho: 'vamos a atender a estos chavales aunque ahora perdamos algo para que ganemos en el futuro'. Porque no hay que olvidar que si no se les hace caso el riesgo es mucho mayor».

«Gestión insuficiente»
Peio Aierbe destaca la disponibilidad de medios para atender a este colectivo, «así que no hay un problema de medios pero sí una gestión clarísimamente insuficiente». El miembro de SOS Racismo asegura que la preocupación actual de la Diputación es encontrar sitios para alojar a estos menores, y lamenta que no se ocupe tanto «de todo lo relacionado con la atención educativa de estos críos, o cómo se resuelven aspectos claves para ellos como la documentación, cómo se da o no opción a tener en cuenta lo que piensan los educadores... Todo esto funciona muy mal».

Aierbe se refiere también a centros en los que viven más menores de los que pueden ser atendidos y además donde los que sufren problemas de adicción conviven con el resto. «No hay educador que los pueda controlar y se está perdiendo la oportunidad de trabajar de forma más individualizada. Este año van a empezar a funcionar algunos recursos, como centros terapéuticos específicos... Esto es de sentido común y en cambio, hasta ahora no se ha hecho».

Los que padecen en primera persona los problemas con estos menores son los educadores, para los que los conocedores de su realidad no tienen más que palabras de admiración. «Es preciso que haya un reconocimiento social y se valore que lo hacen», dice el psicólogo, que ejerció esta labor durante dos años. «Se ha mejorado mucho. Hemos conseguido avanzar algo y desde la Diputación se están esforzando en mejorar las condiciones de la gente, la remuneración económica, los horarios... Pero con diferencia, creo que es uno de los peores trabajos que hay».

Porque, al fin al cabo, se encuentran entre la espalda y la pared y son el blanco de todas las críticas: «Los chavales los castigan, los vecinos les critican y la Policía y la Justicia los cuestionan. Viven situaciones en las que no les queda más remedio que denunciar al menor y luego les dicen que cómo pueden denunciar a un chaval que están cuidado. Se dan unas paradojas... Es preciso valorar el trabajo que realizan estas personas».