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- Noticias de Gipuzkoa, 2008-11-13
El Pleno del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) acordó ayer abrir una "amplia reflexión" y un estudio sobre posibles incapacidades o jubilaciones forzosas de jueces que por circunstancias médicas podrían tener mermada su capacidad, lo que les limitaría para desempeñar sus funciones.
Así lo indicó en rueda de prensa la portavoz del CGPJ, Gabriela Bravo, a raíz de la decisión del Pleno de suspender de funciones durante cinco meses a la magistrada titular del juzgado número 2 de Gijón, Rosario Fernández Hevia, por retrasos reiterados en la resolución de procesos.
El 20 de junio de 2007, el Consejo acordó abrir expediente disciplinario a esta magistrada, que acumula 148 casos pendientes de sentencia. Bravo explicó que para la determinación de la sanción a Fernández Hevia han tenido en cuenta "las especiales circunstancias médicas que afectan a esta persona". Además, indicó que el Pleno ha entendido que estas circunstancias "han podido aminorar la responsabilidad en los retrasos y en su actuación".
Todo ello, según dijo, les ha llevado a abrir una reflexión en materia de posibles incapacidades o jubilaciones forzosas.
"Somos conscientes de que hay determinados supuestos que nos podemos encontrar de personas que pueden estar afectadas con determinadas enfermedades y que sufren una merma importante en su capacidad, tanto volitiva como intelectual, y que en consecuencia seguramente ello les limitaría para el desempeño de sus funciones jurisdiccionales", añadió.
La portavoz del Consejo indicó, en este sentido, que el Pleno ha acordado abrir un estudio de "aquellas situaciones en las que podrían verse afectados los titulares de los órganos jurisdiccionales, puesto que consideramos que es de suma importancia dada la gran relevancia que tiene el ejercicio de la función jurisdiccional".
Por otra parte, el pleno del CGPJ acordó por unanimidad confirmar la suspensión provisional de empleo y sueldo del juez de Murcia Fernando Ferrín Calamita, acordada en febrero después de que el Tribunal Superior de Justicia de Murcia admitiera la querella presentada contra él, por retrasos, por una mujer que hacía casi dos años había iniciado un expediente para adoptar a la hija de su esposa.
Ferrín Calamita, quien a partir del próximo 24 de noviembre será juzgado a raíz de este caso por un presunto delito de prevaricación, reclamó al CGPJ que dejara sin efecto tal medida porque, según alegó, él y su familia, compuesta por nueve personas, no pueden subsistir.
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