- La Guardia Civil conminó a mujeres a explicar por qué habían abortado
- Una niña de 14 años fue citada tras una intervención prescrita por la sanidad pública
- El País, 2008-04-05 # O. Güell / M.C. Belaza · Madrid
La Guardia Civil se aprovechó del desconocimiento de las leyes de algunas pacientes de la clínica Isadora para, tras llamarlas como testigos y no como imputadas, preguntarles por qué habían abortado, las semanas de gestación en el momento de la interrupción y si tenían informes que probaran la razón del aborto, según consta en las actas de comparecencia de las mujeres incluidas en el sumario del caso. Con estas preguntas los agentes pretendían averiguar si se habían cometido delitos de aborto ilegal. "En principio, cualquier interrogatorio de contenido incriminatorio debe hacerse en calidad de imputado para salvaguardar garantías procesales como la presencia de abogado", señala el penalista Alberto Jabonero.
Al menos cuatro mujeres fueron sometidas a estos interrogatorios en marzo de 2007. Seis más, que ni siquiera habían abortado pero cuyos nombres los agentes del Seprona de la Guardia Civil encontraron entre los residuos de la clínica, también fueron preguntadas sobre el motivo de su presencia en la clínica, en todos los casos para una revisión ginecológica.
Estos diez interrogatorios fueron llevados a cabo sin petición judicial alguna. Meses más tarde, a partir del pasado diciembre y ya con una solicitud del juez, los agentes suavizaron sus interrogatorios con otras 10 mujeres, pese a lo que no dudaron en acudir a sus casas y en tomar declaración a una niña de 14 años que había abortado. Todavía siguen identificando a mujeres y llamándolas como testigos.
Los agentes del Seprona preguntaron a las cuatro primeras si su identidad correspondía a la etiqueta hallada "en un bote que contiene un feto de formol". Una de ellas, ante el tenor de las preguntas, acabó defendiendo su actuación: "Todos los hechos han sido realizados de forma legal, por medio de informes médicos de la especialidad de ginecología, y siguiendo los trámites legales marcados por la Seguridad Social", según consta en el acta de comparecencia.
Los agentes animaban a las mujeres a denunciar a la clínica Isadora, en algunos casos por una vulneración de la ley de protección de datos -ya que su nombre y teléfono había sido encontrado entre los residuos sanitarios que iban a ser incinerados-. En otros, según el acta de una paciente que sí quiso tomar medidas contra el centro, la razón era que su feto "apareció en un cubo de la basura". En realidad, según consta en el sumario, el supuesto cubo de la basura eran los bidones o contenedores, herméticos y refrigerados, en los que la clínica depositaba sus residuos. Estos bidones eran retirados tres días a la semana del centro por una empresa autorizada que procedía a su destrucción. El destino de estos residuos, que la clínica (avalada por las inspecciones de la Comunidad de Madrid) consideraba biosanitarios y la Guardia Civil como funerarios, está en el origen de la investigación del Cuerpo Armado.
Meses después de estas primeras declaraciones, coincidiendo con la polémica en Barcelona por la investigación judicial a las clínicas del doctor Carlos Morín, el procedimiento judicial contra Isadora volvió a cobrar impulso. El 10 de diciembre de 2007 el juez Sierra pidió que declararan todas las mujeres que habían abortado en la clínica durante los días anteriores a la recogida de los residuos incautados por la Guardia Civil. En total, 25 mujeres.
El magistrado solicitó al centro los historiales clínicos de todas ellas, que incluían a dos menores de edad - una chica de 13 años y otra de 15 cuando se les practicó el aborto- y pidió al Seprona que las identificara y citara. Algunas de ellas ya habían sido llamadas en marzo, cuando la Guardia Civil actuaba sin autorización judicial.
En esta segunda tanda de citaciones, en algunos casos, en lugar de usar otros procedimientos legales, los agentes se presentaron directamente en el domicilio de las mujeres, sin tener en cuenta si sus familiares sabían que habían abortado. "Vinieron un día a mi domicilio a las ocho de la tarde, mientras bañaba a mis hijos", recuerda una de ellas, que no quiere ser identificada. "Me dieron un susto de muerte. Decían que había mucha alarma social con lo de Morín en Barcelona y que querían que declarara. Sentí que había hecho algo terrible".
Estas declaraciones fueron distintas de las del mes de marzo. Ya no preguntaban por qué se había producido el aborto, ni las semanas de gestación, ni si tenían informes para probar que todo había sido legal.
Las preguntas se centraban esta vez en cuestiones procedimentales de la clínica: a cuántas consultas habían asistido, qué preguntas les había hecho la psiquiatra, si el personal había realizado alguna prueba médica... y finalmente les enseñaban las fotos del personal de la clínica en un álbum fotográfico, como si fueran sospechosos policiales, por si reconocían a alguien.
Una de las testigos tenía 14 años cuando la llamaron, 13 cuando abortó. En la declaración estuvo acompañada por su madre. Ambas eran de nacionalidad rumana. A esta menor, que había llegado a Isadora derivada por un centro de salud mental de Alcalá de Henares (Madrid) también le hicieron todo tipo de preguntas sobre los pormenores de las consultas previas a la intervención, el precio de la intervención -que había corrido a cuenta de la sanidad pública- y también le enseñaron las fotos de los médicos que la habían asistido como si fueran delincuentes.
El fiscal pidió que se interrumpieran estos interrogatorios, señalando, en un escrito de 17 de enero que esta diligencia no era "relevante" ni "necesaria". Y pide que, si no se acepta su solicitud, las mujeres declaren al menos ante el juez. El magistrado Sierra rechazó la petición y aseguró que la Guardia Civil estaba preservando, en todo momento, la intimidad personal y familiar de las mujeres.
Los médicos no declaran
Los tres médicos de la clínica Isadora se acogieron ayer a su derecho a no declarar ante el juez hasta que éste concrete exactamente los hechos que les imputa a cada uno, según explicó el abogado del doctor Luis Hidalgo, Gonzalo Martínez Fresneda. "Nuestros clientes no tienen ningún problema en colaborar, pero una vez que está debidamente informado de cual es el reproche que se le está haciendo, sobre qué pacientes y qué abortos. No tiene ningún sentido que un juez pretenda que unas personas declaren en general, de nada en concreto". Otras fuentes jurídicas consultadas señalan que conocer con exactitud los hechos para poder elaborar una defensa constituye una garantía básica del sistema penal.
La Asociación de Clínicas Acreditadas para la Interrupción del Embarazo (ACAI) expresó ayer su apoyo a Isadora y pidió al Gobierno una intervención "urgente" para evitar la "persecución" por parte de grupos antiabortistas. La entidad señala en un comunicado que se está poniendo en peligro la seguridad jurídica de los profesionales que trabajan en sus clínicas y de las mujeres que acuden a ellas, y que se podría ocasionar "un problema grave de salud pública".
Un comandante y dos sargentos dirigieron la investigación
Un comandante y dos sargentos de la Comandancia de la Guardia Civil de Madrid estuvieron al frente de la investigación de las clínicas de Madrid en las que se hacen abortos. Los responsables del instituto armado decidieron hacer un equipo conjunto entre los responsables del Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) y del Equipo de la Mujer y el Menor (Emume). De hecho, una sargento de esta unidad viajó por toda España para tomar declaración a las mujeres que asistieron a la clínica Isadora.
La Guardia Civil rechazó ayer ofrecer de manera oficial su versión del caso. Pero fuentes de la Comandancia de la Guardia Civil de Madrid afirmaron que el Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) actuó de acuerdo con la legalidad vigente y a sus protocolos.
Un alto mando explicó que las investigaciones en las clínicas donde se realizan abortos comenzaron a raíz de denuncias anónimas por mala gestión de residuos orgánicos. El día que los guardias fueron a la Clínica Isadora, el 16 de febrero de 2007, vieron a dos personas que sacaban bidones y los metían en un todoterreno. Era el vehículo de la empresa contratada por Isadora para hacerse cargo de la gestión y tratamiento de los residuos.
El alto mando consultado afirma que los agentes del Seprona descubrieron en la visita que había restos humanos entre los residuos, por lo que informaron al juez de guardia de Madrid. Pero, según consta en sus propias actas de inspección, todos los bidones y recipientes estaban cerrados y no se abrieron hasta cuatro días después. El magistrado de guardia, ante la comunicación de la Guardia Civil, entendió que no había "el más mínimo indicio" de delito y les conminó a abandonar sus "elucubraciones". Tras la intervención de la Comunidad de Madrid abrieron los contenedores y acudieron a otro juez.
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