- El Consell incorpora el estudio de los nacionalismos excluyentes al temario de Ciudadanía
- El Gobierno anuncia medidas legales contra la Generalitat por el método adoptado para impartir la asignatura
- Los escolares valencianos no estudiarán temas como la homosexualidad o los prejuicios racistas en Educación para la Ciudadanía. El Consell ha modificado los contenidos y ha introducido materias como el nacionalismo excluyente y el terrorismo. Mientras, el Ministerio estudia denunciar al Consell por el método elegido para impartir la asignatura.
- Las Provincias, 2008-04-02 # Concha Raga · Valencia
La materia empezará a impartirse el próximo curso en segundo de Secundaria, bien en la modalidad lectiva, tal y como prevé el Ministerio, o bien, como ha resuelto el Consell, en la modalidad de trabajo trimestral, en ambos casos en inglés.
Fuentes del Ministerio de Educación aseguraron ayer a LAS PROVINCIAS que la propuesta valenciana es "ilegal" y plantean tomar medidas contra el Consell.
En uso de las competencias que tiene transferidas en materia educativa, el Consell dispone de una amplio margen para el desarrollo autonómico de la normativa estatal.
En el caso de la aplicación de Educación para la Ciudadanía, la Conselleria ha optado por facilitar a los padres que no quieran que sus hijos estudien la asignatura, tal y como la ha concebido el Ministerio, la posiblidad de hacer un trabajo trimestral sobre alguna de las cuestiones que contempla el temario de la asignatura, lo que, además, deberán de controlar los padres.
Pero también el temario dispuesto por el Gobierno valenciano marca notables diferencias de contenido respecto al decretado por el Ministerio de Educación.
Comparando ambas normativas se puede observar que los estudiantes valencianos no tratarán cuestiones como la "valoración crítica de la división social y sexual del trabajo, y de los prejuicios sociales, racistas, xenófobos, antisemitas, sexistas y homófobos", que recoge el segundo bloque de temas del Ministerio.
El Gobierno valenciano también ha suprimido del temario cuestiones del bloque cuarto referidas a "la política como servicio a la ciudadanía: la responsabilidad pública", así como "la diversidad social y cultural. Convivencia de culturas diferentes en una sociedad plural".
Otro aspecto del temario que no cursarán los escolares valencianos es el que se contempla en el bloque quinto del Real Decreto referido a "Un mundo desigual: riqueza y pobreza. La feminización de la pobreza".
En lugar de estas cuestiones, la Conselleria incluye en el temario de Educación para la Ciudadanía "contenidos relacionados con la participación de los ciudadanos en la vida pública, los conflictos en el mundo actual (terrorismo, estados fallidos, fanatismo religioso y nacionalismo exluyente)".
Eso sí, el título de los cinco bloques de contenidos es el mismo en ambas normas: "Contenidos comunes"; "Relaciones interpersonales y participación"; "Deberes y derechos de los ciudadanos"; "Las sociedades democráticas del Siglo XXI; y "Ciudadanía en el mundo global".
Desde principio a fin, el Gobierno valenciano ha querido marcar distancias con las normas establecidas por el Gobierno central. Así, se puede comparar que, desde la introducción, ambas normativas son diferentes.
Por ello, mientras el Real Decreto hace referencia a elementos como las "relaciones humanas", "la educación afectivo emocional", "los derechos y libertades que garantizan los regímenes democráticos", entre otros aspectos, el decreto de la Comunitat Valenciana prefiere que los escolares estudien temas sobre "democracia liberal", "la Constitución de 1978", "instituciones", "medios de comunicación", "sectores sociales" o "los valores de igualdad, respeto y libertad", entre otros.
Siguiendo las redacciones de ambos decretos, en el apartado en que se indican los objetivos de la asignatura de Educación para la Ciudadanía, la Conselleria ha introducido cuestiones relacionadas con la Seguridad Vial.
A cambio, ha eliminado de la normativa ministerial el "expresar los sentimientos y las emociones..." o el "identificar la pluralidad de las osciedades actuales..., rechazando las situaciones de injusticia y las discriminaciones existentes por razón de sexo, origen, creencias, diferencias sociales, orientación afectivo-sexual o de cualquier otro tipo".
Del apartado sobre los criterios de evaluación, el Consell vuelve a eliminar referencias a situaciones de discriminación hacia personas de diferente orientación afectivo-sexual, respetando las diferencias personales". En cambio, contempla para los escolares valencianos "La libertad como proyecto de construcción personal"; "Motivaciones de las conductas"; "La vida política"; "Constitución, Fuerzas Armadas y Cuerpos de Seguridad" , y "Educación Vial".
El Ministerio, contra el Consell
Al margen de estos cambios, fuentes del Ministerio de Educación señalaron ayer a LAS PROVINCIAS que la propuesta de que Educación para la Ciudadanía se pueda aprobar con trabajos trimestrales "no es una alternativa legal, sino una propuesta ilegal".
Los servicios jurídicos del Gobierno central estudian "las medidas oportunas si es que Camps concreta en desarrollos reales las declaraciones de su consejero".
Las mismas fuentes señalaron también que los responsables políticos "deben dar ejemplo y tienen la obligación de informar que es una asignatura obligatoria como todas las demás y no tiene alternativa".
También el subdelegado del Gobierno , Luis Felipe Martínez, advirtió ayer de que la asignatura de Educación para la Ciudadanía debe ser evaluada "exactamente igual" que cualquier otra materia y que la "no presentación supondrá la no obtención del diploma de graduado en ESO".
Los sindicatos STEPV, UGT y CC. OO. calificaron de "grotesca" la decisión de que la asignatura se apruebe con trabajos en inglés.
La Confederación Católica de Asociaciones de Padres de Alumnos señaló que la decisión del Consell es "absolutamente respetuosa con los derechos de las familias".
- El decreto de la Generalitat recoge el acoso escolar como conducta "grave" y considera al profesor como autoridad
- Las Provincias, 2008-04-02 # EFE · Valencia
Será próximamente llevado al Pleno del Consell para su aprobación y que ha considerado como la norma valenciana "más democrática de la historia".
Una de las novedades que introduce este decreto es que los alumnos deben respetar lo establecido en el reglamento del régimen interior del centro respecto a los usos y prohibiciones en la utilización de las nuevas tecnologías (teléfonos móviles, aparatos reproductores o videojuegos).
Recoge un total de diecinueve conductas contrarias a las normas de convivencia del centro, y las medidas sancionadores y disciplinarias que puede haber contra ellas y que van desde la amonestación verbal o por escrito a la suspensión de derecho de asistencia a clase por un periodo no superior a cinco días lectivos.
El Decreto de Derechos y Deberes de padres, profesores y alumnos elaborado por la Conselleria de Educación incluye, por primera vez en una norma, el derecho del profesor a tener la consideración de autoridad pública o la tipificación del acoso escolar como conducta "gravemente perjudicial" para la convivencia en el centro.
Así lo ha asegurado hoy el conseller de Educación, Alejandro Font de Mora, durante la presentación del texto definitivo de este decreto, que será próximamente llevado al Pleno del Consell para su aprobación y que ha considerado como la norma valenciana "más democrática de la historia" por la amplia participación que ha tenido en su elaboración.
En la elaboración de este decreto, que tendrá incidencia en los centros educativos a partir del próximo curso, han sido atendidas un total de 531 aportaciones, el 32 por ciento de las cuales han sido incorporadas al texto normativo definitivo.
"El decreto mejorará el clima de convivencia, agilizará el funcionamiento de las aulas en cuestiones de disciplina al simplificar los trámites sancionadores, regulará de manera más concreta el uso de aparatos tecnológicos y aumentará la implicación de los padres en la educación de los hijos", ha asegurado el conseller.
Móvil, Mp3, videojuegos...
Una de las novedades que introduce este decreto es que los alumnos deben respetar lo establecido en el reglamento del régimen interior del centro respecto a los usos y prohibiciones en la utilización de las nuevas tecnologías (teléfonos móviles, aparatos reproductores o videojuegos).
También contempla por primera vez que podrán ser "corregidas o sancionadas" aquellas acciones o actitudes que aunque sean llevadas a cabo fuera del recinto escolar "estén motivadas o directamente relacionadas con la vida escolar y afecten a algún miembro de la comunidad educativa".
El conseller ha destacado uno de los apartados que considera como "circunstancias agravantes" la "publicidad" a través de tecnologías de la información y la comunicación, como internet o teléfonos móviles, de acciones contrarias a las normas de convivencia.
El decreto establece la creación de unidades específicas para alumnos con trastornos permanentes o temporales de la personalidad o conducta, donde recibirán una atención especializada, y de aulas de convivencia para el tratamiento "puntual e individualizado" del alumnado al que se le imponga una medida correctora.
Recoge un total de diecinueve conductas contrarias a las normas de convivencia del centro, y las medidas sancionadores y disciplinarias que puede haber contra ellas y que van desde la amonestación verbal o por escrito a la suspensión de derecho de asistencia a clase por un periodo no superior a cinco días lectivos.
Intervendrá la Fiscalía de Menores
En el caso de que los padres del alumno rechacen de forma reiterada su colaboración con el centro, la administración lo pondrá en conocimiento de la Fiscalía de Menores si considera que esta conducta "causa grave daño al proceso educativo" del menor.
El decreto considera como "conductas gravemente perjudiciales" para la convivencia el acoso escolar, la suplantación de personalidad en actos de la vida docente, la introducción en el centro de objetos peligrosos o sustancias perjudiciales para la salud o integridad física, o la falsificación, deterioro o sustracción de documentos académicos.
Font de Mora ha destacado que la norma prevé que el plazo máximo para la resolución del expediente disciplinario desde la incoación hasta su resolución, incluida la notificación, no podrá exceder de un mes, lo que supone un "proceso más ágil que en normativas anteriores".
En el capítulo de derechos del profesorado, el decreto recoge por primera vez en una norma valenciana que los profesores podrán tener la consideración de autoridad pública en el desempeño de la función docente.
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