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• El País, 2008-11-05 # Ignacio Sánchez Cuenca • Profesor de Sociología de la Universidad Complutense de Madrid

Es lógico que las declaraciones de la Reina a una periodista del Opus Dei hayan levantando una fuerte polémica. Algunos se sienten escandalizados por las posiciones de Sofía de Grecia, ya sea por su rechazo del matrimonio homosexual, sus críticas a la guerra de Irak o su defensa de los valores religiosos en la educación. Pero lo verdaderamente preocupante del caso no son dichas opiniones, sino el hecho de que la Reina haya decidido hacerlas públicas, tomando partido en cuestiones en torno a las cuales hay gran división social.

No es que los miembros de la familia real tengan restringidos sus derechos y libertades. Sin duda, la libertad de expresión también les alcanza a ellos. El problema surge más bien por el papel institucional que los Reyes tienen encomendado. El Rey es el Jefe del Estado y, por tanto, su figura ha de estar por encima de los partidismos que atraviesan nuestra vida política. La Reina no tiene ninguna responsabilidad constitucional, si bien como Reina de España se espera de ella un comportamiento similar al del Jefe del Estado. Los Reyes representan a España ante el exterior y son un símbolo de nuestro país. Para poder realizar dicha función simbólica, no deben intervenir en asuntos que dividen a la sociedad.

Aunque pueda parecer paradójico, las instituciones no electas (como la Monarquía, el Tribunal Constitucional, el Banco de España, o las agencias reguladoras) han de tener en cuenta a la opinión pública en mayor medida incluso que las instituciones elegidas mediante sufragio universal. Precisamente por no tener un respaldo popular, las instituciones no electas tienen que mostrar un exquisito cuidado para no traicionar la confianza que han recibido. Su supervivencia depende en última instancia de que la gente piense que, a pesar de no haber pasado por el filtro electoral, desempeñan adecuadamente su tarea.

El Tribunal Constitucional, por ejemplo, atraviesa una grave crisis por las maniobras partidistas que han interferido en su normal funcionamiento. Muchos cuestionan el poder de un Constitucional no electo si sus magistrados se comportan igual que los miembros de los partidos políticos. Si van a actuar así, cabe pensar, por lo menos que estén sometidos al control electoral. Lo mismo puede decirse del resto de las instituciones mencionadas.

Con respecto a la monarquía, el problema es aún más grave, puesto que la elección del Rey es dinástica, sin atender a los criterios de mérito o capacidad profesional que se siguen usualmente. En el caso de la Reina, su cargo se debe al accidente de ser cónyuge del Jefe del Estado. Siendo tan arbitraria la forma de llegar al cargo, debería hacer un esfuerzo máximo por cumplir con dignidad su papel.

En el fondo, no debería resultar muy sorprendente que la Reina tenga ideas conservadoras y no sea una atea, libertina y revolucionaria. Lo raro es que en esta ocasión haya roto con su proverbial discreción, necesaria para que la Monarquía siga resultando una institución que no molesta demasiado a pesar de no casar muy bien con la lógica democrática.