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• Calamita dice que Dios le dará un trabajo mejor si el tribunal le expulsa de la carrera judicial
• El magistrado sugiere, al ejercer el derecho a la última palabra en su juicio, que podría dedicarse a la política
• La Verdad, 2008-12-04 # Alicia Negre · Murcia

En un extremo una muchacha muy joven reza, una a una, las cuentas de su rosario. Es la última jornada del juicio contra el magistrado Fernando Ferrín Calamita y todos los suyos han querido acompañarle. Él, como católico acérrimo que reconoce ser, encomienda su destino a la justicia divina. «Dios escribe recto con renglones torcidos», asume llorando Calamita en las últimas palabras que el juez le concede. En ellas, asegura que espera el resultado de su juicio como una de las injusticias que diariamente se cometen en el mundo, «al igual que las guerras o el genocidio del aborto».

Las manos de Calamita temblaron ayer más de lo que ya lo hacían en las jornadas previas del juicio. No en vano, su futuro está ya en las del juez Julián Pérez Templado, desde que ayer se finalizara el proceso con la presentación de los informes por las partes y éste quedara visto para sentencia. Una rutina judicial que no trajo nada nuevo bajo el sol.

El Ministerio Fiscal y la acusación particular coincidieron en apuntar las «numerosas irregularidades» en las que Calamita incurrió como juez con el fin de retardar la adopción de una menor por parte de una mujer lesbiana. «Él usaba la máscara del interés del menor para imponer sus creencias religiosas», aseguró ayer el letrado de la acusación, José Luis Mazón. «Era -insistió- un acto de discriminación hacia las dos mujeres y la niña».

El letrado de la defensa, Javier María Pérez Roldán, aseguró que «nadie dudaba de la idoneidad de la mujer, sino de su conjunción como pareja». Una idea que fue ampliada, más tarde, por su propio patrocinado, Ferrín Calamita. «Lo perjudicial no era que hubiera dos madres, sino que ambas cumplieran el rol femenino». Una realidad por la que el juez consideró que la menor «se encontraba en una situación de riesgo» y que justificó, en su opinión, el calvario de trámites y examenes a los que las madres fueron sometidas.

Calamita no tomó el camino más fácil ni, salta a la vista, el más corto. «Hubiera podido pasarle la pelota al fiscal e incluso tenía redactado en el ordenador un documento para desestimar la adopción», señaló. El interés de la menor fue ayer, como a lo largo de todo el juicio, el fundamento de la defensa del juez. «Nunca quise hacer nada para perjudicar a la niña», aseguró. «Yo quería estar seguro de que la adopción no sería dañina; me daba lo mismo si el expediente tardaba tres, cuatro o cinco años».

Que este caso supondrá un antes y un después es una afirmación en la que tanto defensa como acusación coinciden, aunque con diferentes argumentaciones. «Esto, con lo del juez Tirado, demuestra que se ha abierto la veda», apuntó el letrado de la defensa, Javier María Pérez Roldán. «Hoy en día, todas las resoluciones de los jueces son miradas con lupa». Una posibilidad que este abogado defendió pero que, aseguró, «en este caso no tenía motivo».

El futuro del acusado
En unos días, el Tribunal decidirá el futuro del juez Calamita. El magistrado asumió ayer con cierta resignación cristiana este aspecto y reveló que, en el caso de que la sentencia sea condenatoria y se le aleje de la carrera judicial, está convencido de que «Dios le tendrá reservado un nuevo trabajo». Un futuro que, sugirió, podría ceñirse incluso al ámbito político. La decisión está ahora en manos de la justicia. Sea cual sea.

• Algunos asistentes mostraron pancartas identificando al 'lobby gay' con el Anticristo

«Lobby gay=Anticristo». Este lema rezaba la pancarta de uno de los numerosos asistentes que ayer no quisieron perderse el juicio a Fernando Ferrín Calamita. Convencidos de la inocencia del magistrado, los más allegados no dudaron en vitorear al juez dentro y fuera de la Sala, dedicándole numerosos aplausos y muestras de admiración. Además, éstos llamaron a «la libertad de expresión para los católicos y no sólo de los homosexuales».

En el juicio también se encontraban miembros de la asociación Projusticia, que repartieron unos comunicados en los que manifestaban su pleno apoyo al juez acusado. «No podemos olvidar que éste es un juicio político con el que se pretende, no sólo castigar a quien se atreve a ir contra los dictados de las teorías de género, sino usarlo de ejemplo para contravenir los dictados de la agenda de género», asegura esta asociación.

• Murcia nunca había juzgado a un magistrado

El Palacio de Justicia de Murcia ha asistido estas semanas a un hecho histórico. Nunca antes un magistrado había sido juzgado en esta Región. Un hecho que el propio letrado de la acusación particular, José Luis Mazón, se encargó ayer de destacar en el proceso. «Me honra», aseguró Calamita.

El único antecedente que se puede encontrar a este proceso es el antejuicio que se celebró, hace tres lustros, en el Palacio de Justicia de Murcia contra el entonces presidente de la Sección Segunda de la Audiencia Provincial, José Antonio Pascual Riquelme, por el proceso conocido como las sentencias blandas a los narcotraficantes.

• La última palabra de las partes
• Manuel López Fernal, fiscal jefe de la comunidad: «¿Cree que la homosexualidad es una enfermedad contagiosa?»

El fiscal jefe de la Comunidad elevó ayer a definitivas las conclusiones en las que solicita una inhabilitación de 18 años, multa e indemnización de 18.000 euros al magistrado Fernando Ferrín Calamita por un presunto delito de prevaricación. López Bernal aseguró, sin embargo, que admitiría una condena en su forma culposa, castigada con pena inferior.

«No alcanzo a comprender cómo se han podido hacer tal cúmulo de irregularidades en un único proceso». El fiscal volvió a insistir ayer, durante la presentación de su informe, en la culpabilidad del magistrado que, durante los dos años que duró el proceso de adopción de la pequeña Candela, «cometió fragantes violaciones de las normas jurídicas».

Una de ellas, según el parecer de López Bernal, fue la de solicitar a los técnicos de la Dirección General de Familia que respondieran a la pregunta de si la niña tendría más posibilidades de reproducir una conducta homosexual al haberse criado en una familia homoparental. «¿Qué entiende el señor magistrado por homosexualidad?», se cuestionó el fiscal. «¿Entiende que es una enfermedad contagiosa?».

Otra de las irregularidades que López Bernal destacó fue la de nombrar un defensor judicial para la menor al encontrar, el juez Calamita, presuntos intereses contrapuestos entre la madre y la niña. «¿Cómo se permite el juez suspender la patria potestad a la madre, una mujer que en nada ha incumplido sus deberes sociales?».

El fiscal recordó al magistrado que, si lo que pretendía era velar por el interés de la pequeña Candela, como Calamita aseguró en su declaración, ésta «tendría que haber recibido unos vínculos jurídicos que la protegieran».

• Fernando Ferrín Calamita, magistrado acusado: «Creer en Dios es lo que separa a los humanos de un rebaño de ovejas»

Fernando Ferrín Calamita aprovechó ayer al máximo el último turno de palabra que el juez le concedió. Tomando como suyas las frases del presidente del Consejo General del Poder Judicial, Carlos Dívar, el magistrado llamó al Tribunal a «darle al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios».

Pese a que, en estas primeras palabras, Calamita parecía asumir la autoridad del juez, éste no cejó en su empeño de aclarar que es juzgado «por ser católico» y que la querella que las dos mujeres presentaron contra él siguió su curso «por una maniobra política».

Calamita aseguró, siguiendo este discurso, que «en sus 22 años de profesión nunca he visto un proceso con tantas irregularidades». Insistió, además, en que había sido víctima de presiones y de chantajes por parte del letrado de la defensa y del fiscal para que abandonase Murcia. El presidente del tribunal, ante estas acusaciones, le instó a tomar medidas y demostrar estos hechos en otro momento.

En sus declaraciones, Calamita reconoció que un fuerte catolicismo corre por sus venas y afirmó que «creer en Dios es lo único que diferencia a los humanos de un rebaño de ovejas». Esta fe, sin embargo, nunca le ha impedido ejercer justicia con imparcialidad, según afirmó en la jornada de ayer. «Prueba de ello», relató, «es que he dictado miles de sentencias de divorcios, siendo contrario a ellos».

El magistrado acusado desmintió, además, aquellas voces críticas que le acusan de homófobo por pertenecer al colectivo del Opus Dei. «Yo no odio a nadie», aseguró con la voz quebrada, «porque los católicos no podemos odiar».

• José Luiz Mazón, abogado acusación: «Es más evidente que el caso Gómez de Liaño»

José Luis Mazón, letrado de la acusación particular, no encontró ayer el mejor clima en la Sala para exponer su informe. Entre el público, los más allegados al magistrado acusado no recibieron de buen grado las acusaciones directas en las que Mazón tildaba al juez de «usar la máscara del interés de la menor para imponer sus creencias religiosas».

El letrado de Vanesa y Susana no tuvo reparos, sin embargo, en desgranar todas sus teorías, comparando incluso el caso del juez Calamita con el de la famosa condena a Francisco Javier Gómez de Liaño, ambos por prevaricación. «Es un caso muy parecido a éste, incluso menos evidente», señaló.

Mazón criticó las declaraciones que Calamita realizó, al inicio del juicio, en las advertía de la existencia de informes que comparaban a los hijos adoptados por parejas homosexuales con cobayas humanas. «Ese es un debate», señaló el letrado, «que está muy bien para un programa radiofónico de Federico Jiménez Losantos».

El abogado de la acusación se esforzó ayer en demostrar que el magistrado había tratado en todo momento de retardar la adopción de la menor, «para hacer una cruzada contra el derecho a la adopción de los homosexuales». Mazón recordó que «él está para obedecer la ley y no para discutirla o torpedearla».

La acusación particular amplió ayer su petición de pena solicitando que se tenga en cuenta la existencia de dos delitos de prevaricación en concurso (prevaricación por retardo malicioso y prevaricación continuada) por los que solicita, al igual que el Ministerio Fiscal, 18 años de inhabilitación para el magistrado. Además, Mazón se reservó la acción civil de la responsabilidad subsidiaria del Estado y mantuvo la acción civil directa sobre el acusado, aunque elevó la petición monetaria.