- El laicismo aún espera su turno
- La sociedad es menos religiosa, pero la Iglesia gana peso ante el Estado. Cobra fuerza la idea de una transición pendiente
- El País, 2008-01-24 # M. Antonio Sánchez-Vallejo
La sociedad española se ha secularizado: en 1978, el 90% de los españoles se declaraba católico practicante; en 2004, sólo el 28,4% de los católicos reconocía cumplir habitualmente con los preceptos de su fe. Sin embargo, el cordón umbilical que conecta a la Iglesia católica con el Estado permanece intacto, pese a la aconfesionalidad que ordena la Constitución (artículo 16.3: "Ninguna confesión tendrá carácter estatal").
Funerales de Estado católicos, tomas de posesión de cargos públicos presididas por crucifijos o manifestaciones callejeras de prelados y sacerdotes son claros indicios de que España dista de ser un Estado laico. Si consideramos también la financiación de la Iglesia, los argumentos para los defensores de una completa separación de poderes se multiplican. Propuestas laicistas -algunas con marcha atrás, como la creación de un Observatorio de la Laicidad por parte del PSOE- se hacen más hueco a medida que arrecian el ruido de cirios y los anatemas mediáticos.
El silencio que provoca la mención de la palabra Iglesia ante determinados interlocutores -¿cautela? ¿prudencia o cálculo de rédito electoral?-, resulta mucho más clamoroso que el ruido mediático provocado por las manifestaciones en defensa de la familia o contra la asignatura de Educación para la Ciudadanía, por citar sólo dos cruzadas recientes contra la degeneración moral que, en opinión de la curia, implican varias leyes aprobadas en la última legislatura (a la cabeza, la del matrimonio homosexual). Lejos de un debate sosegado, las posturas aparecen cada vez más enconadas. ¿Y si el presupuesto teórico para el debate fuese la misma denominación del Estado? ¿España es un Estado laico o un Estado aconfesional? Ni siquiera los expertos se ponen de acuerdo al respecto. El sociólogo Rafael Díaz-Salazar, de la Universidad Complutense de Madrid, acaba de publicar el libro España laica (Espasa). "La Constitución establece la aconfesionalidad del Estado y la cooperación activa con las instituciones religiosas. No tenemos el orden constitucional de Francia, sino una laicidad de autonomía del orden político y jurídico y, a la vez, de reconocimiento público de las comunidades religiosas y de colaboración con ellas. Pero es más aconfesional que laico, sí", explica este especialista en sociología de la religión, para quien laicidad equivale a ciudadanía, a sociedad civil, a convivencia plural y nacional, a más y mejor democracia, en suma.
"El proyecto laico no es antirreligioso. Su fin es fortalecer una ciudadanía moral y socialmente activa y a ello pueden contribuir las religiones y las iglesias". ¿No sostienen lo contrario las críticas de los obispos? "El laicismo quiere una ciudadanía moralmente robusta y activa, pero la moral no depende de la religión: hay mucha gente que no es religiosa, pero sí muy moral. Esa barbaridad del obispo García-Gasco de que el laicismo mina la democracia, es justo al revés: el laicismo refuerza la base moral de la democracia".
Resistencias como la que suscita la asignatura de Educación para la Ciudadanía han de ser vistas como "la expresión de un fundamentalismo ético-religioso que pretende tener el monopolio de la moral y la educación", dice Díaz-Salazar. Además, "los objetores no llegan a los 15.000 en España. Eso, dentro de más de 11 millones de católicos, no es nada. La Iglesia no está en contra de la asignatura, son 20, 40 obispos con esos 15.000, no más". "El laicismo sólo es antieclesial y antirreligioso cuando una religión, una Iglesia, se oponen al pluralismo moral, a la autonomía moral, a la autonomía política. Entonces sí, pero su proyecto no es ése", dice.
De laicismo entiende mucho también Victorino Mayoral, abogado y diputado socialista, además de presidente de la Fundación Cives y la Liga Española de la Educación y la Cultura Popular, dos plataformas laicas que demandan la completa separación de Iglesia y Estado, empezando por "la revisión de los acuerdos con la Santa Sede". Mayoral, una de las voces más críticas del PSOE, sostiene que el español es un Estado laico, "porque la Constitución no utiliza en ningún lugar expresamente el término aconfesional. Es más, el Tribunal Constitucional ha sancionado el uso de la denominación "laico" aplicada al Estado".
La desigualdad en el trato que reciben la Iglesia católica, por un lado, y el resto de confesiones de notorio arraigo (musulmanes, protestantes, judíos y, desde 2007, Testigos de Jehová y mormones) es un hecho relevante para Mayoral por discriminatorio, aunque considera que no es de recibo "pasar de un Estado confesional a un Estado pluriconfesional". También constata negativamente el hecho de que todas las constituciones españolas, salvo la de la II República, hayan hecho un hueco a la religión, es decir, a la Iglesia católica. "La transición hacia el Estado laico está pendiente", afirma. Para ello, para emprender ese camino -¿sin retorno?-, el diputado socialista propone los siguientes pasos: "Primero, una ley de libertad religiosa real, donde no sólo esté garantizada la libertad de creencia, sino también la igualdad de las creencias. Segundo, la revisión de los acuerdos con la Santa Sede. Por último, un estatuto de laicidad que garantice la neutralidad de las confesiones". "No hay un género intermedio entre Estado aconfesional y Estado laico".
De todos los vínculos existentes entre la Iglesia y el Estado, el de la financiación de la primera supone, para algunos, una muestra de anticonstitucionalidad. El nuevo modelo de asignación tributaria, aprobado en 2006 y que se aplicará este año por primera vez en la declaración de la renta de 2007, consiste en un porcentaje fijo (el 0,7% del IRPF) y entra en vigor sin fecha de caducidad. Para el jurista Alejandro Torres, "eso hace pensar que será una asignación por tiempo indefinido, lo que convierte en letra muerta el compromiso de autofinanciación que la Iglesia suscribió en 1979". Ese año, el Estado y la Santa Sede firmaron unos acuerdos que sustituían al Concordato de 1953, y que siguen vigentes como marco de relación.
Torres, profesor de Derecho Público de la Universidad de Navarra, no duda en calificar de anticonstitucional este modelo. "Además de que supone una minoración de los ingresos públicos -el Estado deja de ingresar el 0,7%-, es discriminatorio para el resto de confesiones religiosas, que reciben mucho menos dinero y además con un ámbito de aplicación más restringido: por ejemplo, no pueden pagar a sus ministros. La Iglesia católica, en cambio, no tiene ninguna limitación a la hora de gastarlo".
Se calcula que la Iglesia va a recibir por esta vía unos 144 millones de euros. Eso equivale, por ejemplo, a 40.932 nuevas plazas de escuela (con un coste estimado de 3.518 euros cada una); 48 kilómetros de autovía (a tres millones de euros el promedio), o dos hospitales como el nuevo de Ceuta, con 240 camas y un coste de 78 millones de euros.
Con todo, según algunas fuentes, el precio de no ingresar esa cantidad -o, al revés, de no acometer obras y servicios públicos por ese importe- merece la pena en términos políticos, es decir, electorales. "La cara amable del Estado tiene un coste, y es no ingresar el 100% del IRPF. Para hacerlo, habría que revisar los acuerdos de 1979, y ello tendría un alto precio político", subraya Torres.
A menos de dos meses de las generales, la mayoría de los partidos prefiere no entrar al trapo. Preguntado por el nuevo modelo de financiación, el Partido Popular responde con un escueto: "El PP es respetuoso con ese acuerdo". El PSOE se debate entre corrientes internas prolaicistas y el discurso oficial: no habrá revisión de los acuerdos, según afirmó la vicepresidenta del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, en el Congreso. "El horizonte de autofinanciación no tiene plazo, por lo que no hay incumplimiento ninguno", señala Diego López Garrido, portavoz del grupo parlamentario socialista en la última legislatura. "El dinero se detrae de las arcas públicas, es cierto, por lo que el Estado sí financia claramente. Pero ya no está obligado a complementar, con una asignación suplementaria, lo que la Iglesia sacaba de las crucecitas [la casilla de la renta]. Y no es un modelo anticonstitucional en absoluto. El artículo 16.3 sostiene que el Estado ha de tener unas relaciones especiales con la Iglesia católica, mayoritaria en España, así que
Izquierda Unida ha solicitado en varias ocasiones la revisión de los acuerdos. Joan Herrera, de IU-ICV, considera "una gran trampa" el modelo de financiación. "Consolidamos los privilegios de la Iglesia con un modelo que no sólo consagra la confesionalidad, sino que también resulta discriminatorio para otras confesiones. Hay que recordar que la Iglesia recibe un tratamiento fiscal privilegiado en impuestos como el de sucesiones o en las donaciones. El Gobierno se ha rendido", concluye Herrera.
Citar a la Conferencia Episcopal Española (CEE) a estas alturas del reportaje no es gratuito, ni fruto de la intención o el despiste. A finales de 2007, la CEE lanzó una campaña publicitaria para el sostenimiento económico de la Iglesia, para concienciar a los fieles de la necesidad de su contribución. Pero a la hora de pronunciarse sobre el modelo de financiación o el sostenimiento de la institución, la CEE declina hacer declaraciones y remite a EL PAÍS a unos folletos con datos económicos sobre lo que ahorra al Estado su labor asistencial y educativa, según algunos cálculos hasta 8.000 millones de euros.
La de la jerarquía no es, sin embargo, la única postura de la Iglesia española. Movimientos de base como Redes Cristianas se han manifestado en contra de la financiación. "Como católicos y como ciudadanos, pedimos que se revisen los vigentes acuerdos entre la Santa Sede y el Estado, que afectan también a otros aspectos. Además de los sueldos de obispos y sacerdotes, el Estado paga los salarios de más de 30.000 profesores de religión, los capellanes castrenses son igualmente remunerados por el Estado y su estatus debería ser también revisado, la existencia de la clase de religión en la escuela pública es objeto de controversia, etcétera", señala Evaristo Villar, portavoz de Redes Cristianas. "Después de tantos años de democracia, ¿no vamos a ser capaces de revisarlos en un ambiente de objetividad y equilibrio?", lanza al aire Villar. "En una sociedad democrática no confesional, la Iglesia católica -como cualquier otro grupo o colectivo- debe participar en la vida social española sin ningún privilegio ni acuerdo que pueda suponer un trato discriminatorio". En Alemania, por ejemplo, el kirchensteuer -impuesto religioso- permite a los länder cobrar a las iglesias por el servicio de recaudación; los contribuyentes pagan sólo si pertenecen a una confesión.
El nuevo modelo de financiación "suprime la ayuda directa que el Estado completaba a lo recaudado por la asignación tributaria a la jerarquía católica, pero aumenta esta última -cuando se marca la casilla correspondiente- del 0,52% al 0,7%. Se mantiene, por tanto, la idea de que la Iglesia está lejos de autofinanciarse y sigue pidiendo al Estado que contribuya a su mantenimiento", añaden desde Redes Cristianas. La cuestión económica sale a relucir de continuo como los meandros del Guadiana, y siempre con nombre y apellidos: autofinanciación. ¿Es ésta la clave para alcanzar la completa separación de poderes? Según algunos autores, la Iglesia se autofinancia con recursos propios en torno al 75%, aunque algunas diócesis estarían cerca del objetivo deseado. "Las diócesis más ricas, como las catalanas, las vascas o la de Madrid, podrían acercarse al 90% de autofinanciación. Las más pequeñas, las ubicadas en zonas remotas o rurales, como las de Ciudad Rodrigo y Astorga o incluso la de Valladolid, dependen mucho de la asignación tributaria", afirma José Miguel Rodríguez, profesor de Economía Financiera y Contabilidad de la Universidad de Valladolid. "De todos modos, la cantidad que hoy recibe la Iglesia católica, que no llega a los 150 millones de euros, no es tan importante como para que no puedan asumirla los propios fieles". La ausencia de datos claros y transparentes -"no hay depósito público de las cuentas de la Iglesia", recuerda Rodríguez- añade opacidad a una cuestión peliaguda: los límites de la "colaboración especial" con la Iglesia que consagra la Carta Magna.
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