> Berria: Hezkuntza > C. VALENCIANA: SE IMPARTIRA "CITIZENSHIP EDUCATION"

• Valencia impartirá 'Citizenship education'
• El PP rechaza que la materia Educación para la Ciudadanía sea impartida en castellano o valenciano
• El País, 2008-04-24 # Agencias · Valencia

El pleno de las Cortes valencianas rechazó ayer, con los votos del PP, pedir al Gobierno de la Generalitat que imparta la asignatura de Educación para la Ciudadanía en castellano o valenciano y que tenga carácter obligatorio, como el resto de materias desde el próximo periodo escolar. La propuesta del grupo socialista, apoyada por el de Compromís, denunciaba que el Gobierno valenciano pretende impartir esta asignatura en inglés para hacerla "ininteligible".

El diputado autonómico del PSPV Adolf Sanmartín, ha acusado al conseller de Educación, Alejandro Font de Mora, de querer "desacreditar" esta asignatura. En su iniciativa, el PSPV pedía al Consell tener el valenciano o el castellano como "lengua vehicular" sin "opciones alternativas o desdoblamientos posibles", y que se impartiera "como cualquier otra materia de carácter obligatorio y puntuable".

Sanmartín ha indicado que la organización pedagógica de la misma es "competencia de los centros escolares" y no del Gobierno valenciano, por lo que impartirla de forma distinta constituiría un fraude de ley". El diputado reconoce sin embargo, que existe la posibilidad legal de impartirla en inglés, pero "siempre que no se modifique su contenido", lo que en su opinión se hace mediante "la opción B", en la que los alumnos objetores pueden presentar tres trabajos escolares.

Fomentar nuevos idiomas
El socialista ha acusado al Consell de "configurar una asignatura nueva que no tiene nada que ver" con la propuesta del Ministerio de Educación, para "desacreditar" al Gobierno central. María Barrieras, diputada por el PP, ha defendido la decisión del Gobierno, al considerar que "fomenta" el aprendizaje de otros idiomas e imparte materias "muy interesantes" para aquellos que la objeten.

Barrieras ha asegurado que el Gobierno de Camps posee "competencias exclusivas" para la organización de esta asignatura, conforme a lo establecido en el Estatuto de Autonomía. Aunque también ha señalado que "hay que respetar el derecho de los alumnos" a que no se les "imponga" una asignatura que los "adoctrina", y contra la que, según ha dicho, hay "30.000 objetores" en España.