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• A vueltas con la financiación de la Iglesia
• Diario de Noticias, 2008-01-10 # Imanol Bakaikoa Olaetxea

Persisten algunos comentarios referentes a la idea de la financiación estatal de la Iglesia. Con la misma lógica debería mentarse que las diversas ONG son financiadas por el Estado y eso no se señala porque tampoco es así. Dos aclaraciones a este asunto.

En primer lugar, con los últimos acuerdos adoptados entre Iglesia y Estado, la financiación de la Iglesia dependerá exclusivamente de las personas que quieran ejercer libremente este derecho vía IRPF, en cuyo caso el Estado es un mero gestor del deseo del contribuyente y no legislador en el reparto de dicho dinero como lo es habitualmente. La vía recaudatoria IRPF ofrece al contribuyente la posibilidad que una pequeña parte de sus impuestos apoye a ONG o la Iglesia. La financiación anterior vía presupuestos con una cantidad fija ha dejado de existir con el último acuerdo. Pero la Iglesia es financiada en su mayor parte (70%) vía donativos y domiciliación de particulares. Por tanto, no se puede hablar de una financiación estatal al uso. Por otro lado, el porcentaje vía IRPF 0,7% es más bajo que el empleado por otros países europeos, p.e. Italia, con el 0,8%. Es también un comentario poco riguroso hablar de privilegios fiscales cuando han sido suprimidas también con el nuevo acuerdo las exenciones fiscales de IVA por compras de bienes inmuebles y objetos de culto.

En segundo lugar, algunos comentarios confunden subvención con financiación. Si la financiación de la Iglesia en este modelo es algo que compete libremente a quien desee hacerlo, en lo referente a la subvención dependerá de la valoración estatal de la labor social realizada por la Iglesia como cualquier otra institución. Actualmente no se reconoce el ahorro de miles de millones de euros que cada año brinda la Iglesia al Estado por la prestación de servicios con los más pobres y su influencia en los ritos de paso de la sociedad. El famoso economista y catedrático emérito de Hacienda Pública, José Barea, afirmaba: "si la Iglesia no prestase sus servicios, tendría que aumentarse los impuestos. El beneficio es doble: para los beneficiados y para los contribuyentes", creyentes o no. Se ha estimado el coste supuesto para el Estado por sustituir esta labor social realizada por la Iglesia, en unos 31.000 millones de euros anuales por atender colegios, hospitales, asistir a enfermos, ancianos, niños e indigentes, y por conservar las instalaciones del 80% del patrimonio histórico artístico de España. La Iglesia limita siempre estas demandas de subvención porque subyace el riesgo de que la institución se convierta en una agencia subvencionada de la intervención social estatal y se debilite la dimensión de denuncia tan propia del ejercicio cristiano. Por tanto, sí podemos hablar de autofinanciación en la Iglesia con cierta gestión estatal, subvenciones limitadas y todo ello sin menoscabo de la necesaria separación de la Iglesia y el Estado.