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• La Iglesia pierde parte de su influencia
• De Vicente Enrique Tarancón a Antonio María Rouco Varela
• Periodista Digital, 2008-08-21 # José Manuel Vidal

La Iglesia fue clave en la Transición. El cardenal Tarancón fue la pieza angular positiva de la implicación del estamento eclesiástico para que se produjera el cambio de régimen. Pero los españoles, ahora, ya no lo detectan así, quizá porque la imagen actual de la Iglesia está deteriorada. Consideran que su actitud fue justo la contraria en la Transición, según el sondeo de Sigma Dos para EL MUNDO.

Vicente Enrique y Tarancón pasó a la Historia con el sobrenombre de el Cardenal de la Transición. El entonces purpurado de Madrid, ayudado por el Papa Pablo VI y por la palanca del Concilio Vaticano II, consiguió desenganchar a la Iglesia católica del régimen de Franco y convertirla en ariete de la reconciliación y de la Transición a la democracia. Pero 30 años después, los ciudadanos no sólo no se lo reconocen a la institución eclesial, sino que la mayoría (45,5% de los encuestados) la acusa de «dificultar el establecimiento de la democracia».

El porcentaje de los que creen que la Iglesia entorpeció la salida democrática aumenta entre los más jóvenes (el 65,5% de los de 18 a 29 años) y entre los votantes de izquierdas (el 62% de los votantes socialistas y el 74,6% de los de Izquierda Unida). Pero incluso el 25,5% de los votantes del Partido Popular (PP) sostiene la misma tesis. Eso sí, un 26,4% de los encuestados cree que «contribuyó al establecimiento de la democracia» y un 23,4% considera que ni la dificultó ni contribuyó a la misma.

La encuesta muestra una institución en decadencia y con mucha menos influencia social. El 62,6% considera que la influencia social de la Iglesia en España desde la época de la Transición es menor; para el 22% «se mantiene igual» y sólo es mayor para el 11,9%. También aquí se repite la tendencia en cuanto a la edad de los encuestados. Cuanto más jóvenes, más creen que la Iglesia ha perdido influencia social (el 66,9% de los de entre 18 y 29 años frente al 59,2% de los mayores de 65).

Se rompe, en cambio la tendencia en cuanto a la afiliación política. Porque el 64,1% de los encuestados que votan al PP consideran que la influencia social de la Iglesia es menor, frente al 60,4% del PSOE y al 41,6% de IU.

Parece claro, según los resultados de la encuesta, que los españoles quieren una Iglesia que no baje a la arena política ni se mezcle en las luchas partidistas. En efecto, el 63,6% de los encuestados se muestra contrario a que la Iglesia movilice a sus fieles contra determinadas medidas del Gobierno, frente al 29% que está de acuerdo en que los obispos salgan a la calle encabezando las manifestaciones de sus fieles, como la que se celebró en Madrid contra la aprobación del matrimonio gay el 18 de junio de 2005, en la que participaron 18 obispos.

Los más jóvenes son los menos partidarios de la implicación política eclesial, en cambio los votantes del PP se muestran divididos al respecto. Mientras el 48,4% es partidario de que la Iglesia movilice a sus bases contra el Gobierno socialista, el 45,9% dice que no debería hacerlo.

En 2006, último año con datos oficiales, los obispos recibieron 128,6 millones de euros por la asignación tributaria y 12,7 de complemento presupuestario. Este año la Iglesia recaudará lo que los fieles quieran asignarle marcando su casilla de la declaración de la renta. Y nada más. Pero la mayoría de los encuestados (41,2%) considera que la ayuda que la Iglesia recibe del Estado es «excesiva»; el 34,7% cree que es «suficiente» y sólo el 13,7% la califica de «insuficiente».

Cuanto más jóvenes, más tachan de excesiva la ayuda estatal a la Iglesia. Llama la atención también el posicionamiento de los votantes del PP: para la mayoría de ellos (44,6%) la ayuda es suficiente, mientras el 23,7% la tacha de insuficiente y el 20,6% la considera excesiva.

El 53,6% de los encuestados cree que las demás religiones deben recibir el mismo trato financiero que la Iglesia católica, frente al 38,2% que opina lo contrario. En este apartado, no son los más jóvenes los más partidarios del café para todas las religiones, sino los que tienen entre 45 y 64 años. Los votantes del PP también se muestran divididos. Mientras el 48,7% cree que sí, el 43,7% opina que las demás religiones no deben tener las mismas ayudas estatales que el catolicismo.

No a los crucifijos para tomar posesión de un cargo
La mayoría de los encuestados (48,4%) considera inapropiado que los ministros juren o prometan su cargo ante un crucifijo, mientras el 34,9% lo califica de apropiado. También aquí los más jóvenes (de entre 18 a 29 años) son los menos partidarios del símbolo religioso por excelencia de los cristianos en la toma de posesión de los ministros (61,3%) y los más mayores (de 65 años en adelante), los que más se decantan por no retirarlo (48,2%). Entre los votantes del PP, tampoco en esto hay una postura unánime. Mientras el 49,3% cree que el crucifijo debe permanecer, el 37,6% considera que debería retirarse.

En cualquier caso, la Iglesia española parece estar abocada a realizar un enorme esfuerzo didáctico y de adecuación a lo que los ciudadanos esperan de ella. A la vuelta de Sydney, donde el catolicismo recibió una inyección de moral tras el éxito de la Jornada Mundial de la Juventud, el cardenal Cañizares, primado de Toledo, aseguraba que la Iglesia española «no está acomplejada», mientras el cardenal Rouco, se felicitaba por el hecho de que Madrid haya sido elegida para celebrar las próximas 'Olimpíadas de la Fe' en 2011. Pero, para salir airosos del evento, los obispos tendrán que lograr un cambio radical en la percepción social de la institución que dirigen. De lo contrario, se arriesgan a que la Iglesia sea una institución cada vez con peor imagen social. Tienen 3 años por delante. A Dios rogando.

De Tarancón a Rouco, una vía de acuerdos y desacuerdos
El Concilio Vaticano II (1962-1965) desenganchó al altar del régimen. Ya antes de la transición política, se produjo la transición religiosa. Una transición rápida y profunda a la vez. Lo que otras Iglesias europeas realizaron en 40 años (de 1930 a 1970), la Iglesia española lo hizo en 10 (de 1965 a 1975).

Sin el lastre del franquismo, la Iglesia, magistralmente liderada por el cardenal Vicente Enrique y Tarancón, aprovechó la coyuntura para firmar los Acuerdos que regulaban los asuntos jurídicos, económicos, de enseñanza y de asistencia religiosa a las fuerzas armadas, apenas dos meses después de la aprobación de la Constitución, concretamente el 3 de enero de 1979. Unos Acuerdos Iglesia-Estado que para unos son un dechado de equilibrio y, para otros, un compendio de privilegios.

A partir de 1983, como consecuencia del triunfo de Felipe González en las elecciones generales de 1982, la Iglesia jerárquica española se confronta con el Gobierno en dos campos de batalla: el aborto y la enseñanza, con coletazos en la familia, el matrimonio y la sexualidad. Y eso que, de 1981 a 1987, estuvo al frente del episcopado Gabino Díaz Merchán, arzobispo de Oviedo y continuador de la línea dialogante del cardenal Tarancón.

La dinámica de confrontación se agudiza con la llegada del cardenal Suquía a la presidencia del episcopado y de Mario Tagliaferri a la nunciatura de Madrid. Con un objetivo: meter en cintura a las filas eclesiales españolas, demasiado progresistas y taranconianas para el gusto de Roma. Y lo cumplen a rajatabla hacia adentro. Pero fallan hacia fuera, porque la guerra con los socialistas no beneficia en nada a la Iglesia. Y, en 1993, los obispos optan por un cambio de rumbo, con la elección de Elías Yanes al frente del episcopado.

La primera etapa de Elías Yanes al frente del episcopado se caracterizó fundamentalmente por el diálogo. Con todas las instancias, tanto políticas como eclesiales. E incluso con las mediáticas. José Sánchez, entonces secretario y portavoz de los obispos, se decantó por una estrategia de relación con los medios de comunicación confiada, cercana y fluida. Y eso le hizo ganar muchas batallas de antemano.

De hecho ambos fueron reelegidos en 1996 y su segunda etapa estuvo marcada por las mismas coordenadas de diálogo, especialmente con el Gobierno socialista. Eso sí, sin grandes logros.

Antonio María Rouco consiguió, en 1999, la Presidencia del Episcopado. Con el relevo de Yanes, se apagan los ecos de los taranconianos moderados y se reinicia la etapa de los conservadores a ultranza.

Paisano de Manuel Fraga y amigo de José María Aznar y de Jaime Mayor Oreja, los obispos creen que el arzobispo de Madrid puede rentabilizar esa relación resolviendo, cuanto antes, dos de los temas que más preocupan a la Iglesia: la clase de Religión y la financiación.

Pero durante su primer mandato, Rouco no consiguió ninguno de los dos objetivos y tres años después, en 2002, obtuvo la reelección pero con una dura contestación interna y sin resultados en los contenciosos con el Gobierno.

En 2005, Rouco se presenta a la segunda reelección, pero fracasa por un solo voto y, en la cúpula del episcopado, se produce un claro cambio de ciclo. Llega al timón de la Iglesia española Ricardo Blázquez, el obispo de Bilbao. Doctrinalmente, Blázquez no cambió nada. La Iglesia, bajo su mandato, no se movió ni un ápice de sus postulados. La única diferencia con su predecesor fue de talante, algo que dio abundantes frutos. Blázquez consiguió un nuevo modelo de financiación eclesial, que sube el porcentaje del IRPF para la Iglesia del 0,5 al 0,7%, y una salida airosa para la clase de Religión y sus profesores.

Pero, al mismo tiempo, las relaciones con el Gobierno se tensaron como nunca. La Iglesia se sintió perseguida por el laicismo radical de Zapatero. Especialmente, por la aprobación del matrimonio gay y por la imposición de la asignatura de Educación para la Ciudadanía. Y algunos obispos, capitaneados por el cardenal de Madrid, salieron a la calle en manifestación por vez primera en la Historia.

Quizás por eso, en 2008, la Iglesia optó de nuevo por un liderazgo fuerte y los prelados eligieron, otra vez, al cardenal Rouco como presidente del episcopado. Los socialistas siguen su camino hacia la laicidad. Y, aunque no se deciden a denunciar los Acuerdos, pretenden ampliar el aborto, dan pasos hacia la eutanasia y quieren suprimir los símbolos religiosos de los actos públicos. La diferencia con la etapa anterior es que el cardenal Rouco ha optado por no entrar al trapo de las provocaciones socialistas. Al menos por ahora. Pero sin esconderse ni callarse.

La solidaridad
«La Iglesia española no sólo no está subsidiada, sino que le ahorra al Estado muchos miles de millones de euros». Lo asegura el gerente del episcopado, Fernando Jiménez Barriocanal. Y como buen contable, con datos en la mano. «La Iglesia recibe en total del Estado, a través del IRPF, 150 millones de euros y, sólo en Educación, le ahorra 3.983 millones». El obispo de Zaragoza, monseñor Ureña, lo cifra en unos 36.000 millones de euros.

El banquero de la Iglesia aporta datos concretos para avalar su tesis. «Sólo Cáritas ha empleado el año pasado 184 millones de euros entre los más pobres y eso es más del total que recibe la Iglesia del Estado». Y tras Cáritas, Barriocanal aporta otros argumentos. El más significativo es el de la enseñanza, donde asegura que la Iglesia le ahorra al Estado casi cuatro mil millones de euros. Y es que el Estado paga 4.000 euros anuales por cada plaza de colegio público. En cambio, a los concertados les paga casi la mitad. «En cada plaza concertada, el Estado se ahorra más de 2.000 euros», concluye. Contando que la Iglesia educa en sus centros a 1.350.000 alumnos, las cuentas están claras a su favor.

A todo ello hay que sumar dos millones y medio de personas asistidas; medio millón de pobres atendidos; 334.000 personas atendidas en los dispensarios de la Iglesia; 26.000 niños en centros de tutela de la Iglesia; 72.000 ancianos en sus residencias; 60.000 voluntarios de Cáritas o 2.800 voluntarios en las cárceles.

«Todo eso, sin contar el enorme bien religioso que la Iglesia presta a la sociedad, con sus 22.700 parroquias, sus 20.000 curas, sus 70.000 catequistas o el millón y medio de niños y jóvenes que reciben formación espiritual y humana», añade Barriocanal. Y remata: «O el enorme patrimonio histórico que la Iglesia conserva y paga las correspondientes facturas. Con maravillas que casi todas son deficitarias, excepto para las ciudades que reciben el flujo turístico».

Aportación voluntaria
El 22 de septiembre de 2006, el Ejecutivo socialista cerró un histórico acuerdo con la Conferencia Episcopal por el que la Iglesia sólo recibirá financiación mediante la aportación voluntaria de los ciudadanos, a través de la declaración del IRPF.

Hasta entonces, la Iglesia católica se financiaba con el 0,52% del Impuesto sobre la Renta de los ciudadanos que marcaban su casilla, más una aportación directa en los Presupuestos del Estado, que garantizaba un mínimo previamente pactado.

El nuevo acuerdo supuso eliminar la aportación directa a costa de elevar al 0,7% el porcentaje de IRPF que cada contribuyente puede donar a la Iglesia si así lo desea. Es decir, la Iglesia sólo se financia ya con la aportación voluntaria de sus fieles y juega sin red.

En el acuerdo se incluía también la aplicación de una exigencia de Europa para que la Iglesia católica pague el IVA (Impuesto sobre el Valor Añadido) en todas sus compras de bienes muebles e inmuebles. Un impuesto del que, hasta entonces, estaba exenta. Además, la CEE se comprometía a entregar cada año al Gobierno una memoria justificativa del destino de los fondos procedentes del 0,7% del IRPF.

La Iglesia católica ha recibido fondos de una partida específica de los Presupuestos desde el año 1837. Con una breve excepción durante la I República. En 1979, el Gobierno de UCD firmó con la Iglesia un acuerdo que preveía la sustitución progresiva de la dotación presupuestaria del Estado, para ir hacia la autofinanciación de la Iglesia.

El último acuerdo entre el Estado y la Iglesia lo firmó el Ejecutivo de Felipe González y pactó el modelo del 0,52% del IRPF voluntario, más una partida de los Presupuestos que garantizase un mínimo de ingresos. En 2006, ese mínimo anticipado por el Estado era de 144 millones de euros. En 2003 el Gobierno del PP prorrogó dos años el acuerdo y el sistema y en 2005 el Ejecutivo de Zapatero hizo lo mismo.